Por qué se suicidó Gabriela
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5 Diciembre, 2012

Por qué se suicidó Gabriela

En agosto pasado Gabriela Marín, parvularia de 23 años y madre de dos niños pequeños, fue abusada sexualmente por tres sujetos en San Fernando. Un mes después, los supuestos autores seguían libres y ella terminó quitándose la vida tras un severo cuadro depresivo. Su muerte develó las falencias que sigue teniendo el sistema con estas víctimas: diligencias policiales mal hechas, fiscales ausentes, tratamientos médicos inadecuados y escasa contención emocional.

Por Gabriela García / Fotografía: Alejandro Araya

Juan Marín Mejías (24) había hecho una promesa después de la reciente muerte de su hermana Gabriela: no llorar. Pero el 12 de octubre, solo en el living de su casa en San Fernando (VI Región), no pudo mantener su palabra. Sacó de su billetera una hoja de cuaderno doblada en cuatro: una carta que Gabriela escribió poco antes de suicidarse. “Perdóname. Solo eso. Por no ser la hermana fuerte. No pude ser. Te pido que esto no se quede así. Haz que paguen”, se lee en el papel escrito con lápiz negro y letra redonda y clara.

Fuera, ladra Aquiles, el perro de Juan. “Nos cagaron la vida”, dice y se seca las lágrimas. Gabriela era su única hermana, un año menor, su yunta.

El 7 de agosto comenzó la tragedia que terminó con la vida de la parvularia. A las nueve y media de la noche, salió de un cíber café, cuando un extraño la llevó amenazada hasta la línea férrea en el paseo peatonal de Tres Montes. El tipo silbó. Otros dos sujetos aparecieron y comenzaron a arrancarle la ropa, el pelo y golpearle la cabeza con piedras tomadas desde los rieles.

Las mismas que luego introdujeron en su vagina antes de perderse en la noche, después de abusar sexualmente de ella. La joven, semi desnuda, logró pedir ayuda. Carabineros detuvo a tres veinteañeros que ella reconoció como culpables; dos de ellos tenían antecedentes penales. Al día siguiente el tribunal decretó ilegal la detención y los sujetos identificados con las iniciales B.R.D., C.B.B y Y.P.C quedaron libres. Gabriela quedó desolada. Comenzó a sentir miedo de encontrarse con sus agresores a la vuelta de la esquina. Sufrió pesadillas e ideación suicida. Fue al hospital donde recibió atención, pero los médicos no advirtieron la gravedad de su estado. Un mes después, el 6 de septiembre, se ahorcó en el segundo piso de la vivienda de Juan. Tenía dos hijos: Sofía de 5 años y Nicolás, de 2. Y la ilusión de que su hermano llevara adelante lo que ella no pudo: enviar a los culpables a la cárcel.

Juan trabaja como bodeguero, y sagradamente pasa sus horas de almuerzo en el cementerio Parque San Fernando, junto a la tumba de Gabriela. Pronto será padre por segunda vez y llamará Gabriel a su hijo, en honor a ella. “He buscado pruebas como un loco, pero ya no sé a quién más recurrir. Siento que el caso se está transformando en una misión perdida”, dice Juan, cabizbajo.

Los errores

Casos como el de Gabriela son complejos de resolver. De las 10.722 denuncias por delitos sexuales que la Fiscalía Nacional registra en el primer trimestre de 2012, solo 7% han recibido sentencia condenatoria, mientras que 55,2%, fue archivado provisionalmente por falta de pruebas.

“Los niños saben que la mamá está en el cielo, pero el otro día pillamos a la Sofi (5) diciendo que se quería morir y al Nico (2) tratando de abrazar el cuadro de Gabriela”, cuenta LLoana, la suegra de la parvularia.

En la VI Región los delitos sexuales son atípicos. Según la Fiscalía Regional de O’Higgins, de un promedio de 68 mil denuncias que investigaron en 2011, solo 2% correspondió a crímenes de esta índole. Sin embargo, las primeras diligencias que realizaron Carabineros y el Ministerio Público, no estuvieron al nivel de un delito de connotación pública como el de ella.

Para empezar, el fiscal jefe de San Fernando, Néstor Gómez, no se constituyó en el sitio del suceso la noche del ultraje, como tampoco consta en el parte policial que haya instruido las pericias telefónicamente. La rueda de reconocimiento se realizó sin su supervisión. Procedimiento que los tribunales, al día siguiente, decretaron ilegal en la audiencia de control de detención. La Fiscalía (encargada de representar a Gabriela) no pidió la prisión preventiva de los imputados ni tampoco apeló. En la región que tienen el archivo provisional más bajo de Chile (29%), el abuso sexual agravado que padeció Gabriela aún no es sancionado. “¿Cómo puede ser que a un tipo que roba un celular le den prisión preventiva y los sospechosos de torturar a mi hermana no queden con ninguna medida cautelar?”, reclama Juan.

El caso de Gabriela pudo haberse archivado. Pero su trágico final puso a toda la cadena de persecución penal en el ojo mediático. Se supo así que a la audiencia del 8 de agosto tampoco asistió el fiscal jefe sino otro fiscal, Carlos López. Y que este tomó la carpeta de investigación solo cinco minutos antes de entrar. “Yo entiendo que pueda pensarse que pasarse carpetas entre fiscales rápidamente sea una práctica común, pero no es así. Aquí hubo una serie de errores que no nos permitieron proveer de pruebas a los tribunales”, señala el fiscal regional Luis Toledo.

La Fiscalía Regional de O’Higgins y Carabineros tuvieron que abrir un sumario administrativo y hacer reestructuraciones. Por el momento, Néstor Gómez dejó de ser fiscal jefe de San Fernando y pasó a funcionario adjunto en Santa Cruz. Y Carlos López, fue suspendido de la investigación de Gabriela y removido a Rengo. Que la agresión de la parvularia no quede impune depende ahora de la fiscal Fabiola Echeverría y la PDI, quienes tienen un plazo de dos años para darle término judicial. “Son casos bien terribles, porque muchas veces el testimonio de la víctima es lo único que se tiene y en este caso la perdimos, pero no hay que perder la esperanza” dice María Cecilia Ramírez, jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional que monitorea el trabajo.

La Defensoría Penal Pública (encargada de representar a los acusados) sigue apelando a un procedimiento mal hecho para sostener la inocencia de los imputados. Por ejemplo, a que en la rueda de reconocimiento a Gabriela solo se le hayan presentado a tres detenidos y no a varios sujetos como exige la norma. “Según el parte policial, Carabineros le dijo que había encontrado a los culpables antes de que ella los identificara. ¿Qué pasa en la mente de una chica sometida a un trauma como ese? Le cree a la policía obviamente”, explica el abogado de los acusados, Cristián de la Jara.

Los detenidos de esa noche están libres, pero no pueden salir de sus casas. En San Fernando la gente ha tomado la justicia por sus propias manos y los ha golpeado y amenazado de muerte. “Violadores maricones”, escribió alguien en la línea férrea donde Gabriela fue violentada. Según De la Jara, “cuando el procedimiento policial está absolutamente cuestionado, ocurre esto: pagan justos por pecadores”.

¿Es mejor tener un culpable en las calles que a un inocente preso? Alberto Ortega, defensor regional, piensa que sí. Porque solo en la VI Región, 30 personas pasaron por la medida cautelar preventiva en 2011, sin tener participación alguna en el delito por falta de rigurosidad en los procedimientos. “Si la Fiscalía tuviera otros antecedentes sería otro el debate, pero aquí hubo teléfonos que se encontraron en el sitio del suceso y que Carabineros, en lugar de analizar, se los devolvió a la víctima. Por otro lado, son los propios imputados los que ofrecen sus ropas voluntariamente un mes después. ¿Pudieron haberlas lavado? Sí. Pero nosotros no estamos para subsidiar los errores del Ministerio Público”, agrega Ortega.

La falta de prolijidad en la investigación de Gabriela dejó en evidencia otro problema. Si bien se estima que un fiscal puede soportar 1.250 causas anuales, los 26 funcionarios con que cuentan las 7 fiscalías de la Región de O’Higgins atienden más del doble. “Está claro que necesitamos ser fortalecidos, pero también los servicios de salud. Si el Hospital de San Fernando hace la constatación de lesiones con médicos legistas que solo atienden a las marcas genitales, y en su informe no aparece si le revisaron las uñas a la víctima, por ejemplo, enfrentamos un problema estructural. Tampoco facilita la investigación que el examen de ADN tenga que mandarse a Santiago porque aquí no se tienen los equipos”, señala Luis Toledo.

Carabineros fue contactado en reiteradas ocasiones por revista Paula, pero no quiso referirse al caso.

El alma de la familia

En la casa de Lloana Pavez, la suegra de Gabriela, en El Tambo, sus deudos culpan a la famosa puerta giratoria. Como una forma de hacer justicia, colgaron las fotos ampliadas de la parvularia en casi todas las paredes y levantaron un pequeño altar. A su vez, Juan imprimió su imagen en folletos para distribuirlos en velatones que organiza al menos una vez a la semana en la Plaza de San Fernando. Allí, no hay árbol que no mencione a su hermana. Para una comunidad que no supera los 63.732 mil habitantes, Gabriela es una mártir. “En la última velatón llegó muy poca gente. Es que el tiempo pasa y todos vuelven a sus cosas”, se lamenta la mamá de la joven, Inés Mejías.

Seis días después del ultraje, a Gabriela la dieron de alta en el hospital. El siquiatra Guillermo Gálvez la consideró estabilizada y recomendó atención ambulatoria y antidepresivos. El 4 de septiembre, durante una sesión con la sicóloga, Gabriela pidió hacerse una cura de sueño. Le dijeron que no había camas. Dos días después, se quitó la vida.

Para la madre el mundo se detuvo. Desde que veló a Gabriela en esa misma casa donde hoy acurruca a Nicolás, el menor de los hijos de Gabriela, los insomnios son largos como su pena. Es viernes por la noche y el pequeño de casi dos años llora en sus brazos, mientras Sofía, la hija mayor de Gabriela que tiene cinco años, se pasea en bicicleta con un celular que tiene puesta la canción de Karen Paola a todo volumen. Nadie se atreve a quitárselo porque esta y otras canciones infantiles eran las que enseñaba Gabriela en el jardín El Tambito, en que trabajaba y donde también era apoderada. “La sicóloga de la Unidad de Apoyo a Víctimas dijo que les iban a dar rabietas”, cuenta Inés.

Sofía y Nicolás viven con Lloana, la suegra de Gabriela. De esta forma, su papá Antonio puede verlos cada noche, cuando regresa de Viña del Mar, donde trabaja poniendo máquinas de ejercicios en plazas. “Los niños saben que la mamá está en el cielo, pero el otro día pillamos a la Sofi diciendo que se quería morir y al Nico tratando de abrazar el cuadro de la Gaby”, cuenta Lloana con la mirada perpleja.

Gabriela era el alma de la familia. Le gustaban las rancheras, bailaba cueca en un conjunto folclórico, tocaba la guitarra, y le gustaba subir sus fotos a facebook. “Hasta el final fuimos al karaoke. Es raro. A mí siempre me trató de demostrar que estaba bien”, cuenta Antonio, la pareja de Gabriela.

Llevaban siete años juntos. En una salsoteca de San Fernando, en 2005, comenzaron a pololear. Últimamente juntaban dinero para casarse, pero la agresión del 7 de agosto cambió los planes. “Sé que estarás enojado conmigo, pero te juro amor que no me quedaron fuerzas para seguir con esto que me hicieron. Por nuestros hijos, deje el alcohol y constrúyales una casita”, le escribió en una carta antes de su suicidio.

Antonio intenta seguir el encargo de Gabriela al pie de la letra. “A veces me da tanta rabia, que quisiera pescar una pistola y matarlos para estar tranquilo, pero no lo hago por los niños”. Inés Mejías, la madre de Gabriela, revuelve una taza de té. Recuerda que días después del ataque a su hija visitó el lugar donde fue atacada, en la línea férrea. “Se supone que la Labocar (Laboratorio de Criminalística de Carabineros) había levantado las pruebas pero yo encontré mucho cabello de mi hija ahí. Si la policía hace mal la pega, ¿qué le queda a uno?”, susurra.

La madre cuenta con tristeza que la vida de Gabriela siempre fue dura. No fue reconocida por su padre, de niña estuvo junto a su hermano Juan en un hogar de menores, cuando el sueldo de Inés, que trabajaba como temporera, no alcanzó para sostenerlos; la madre, sin embargo, nunca perdió contacto con sus hijos. “Nuestra vida fue súper difícil. Pero la Gaby siempre soñó con algo mejor; anhelaba llegar a tener su casa propia y darles a la Sofi y al Nico lo que nosotros no tuvimos”, dice Juan.

En 2009 estuvo cerca de lograrlo. Tras vivir algunos años con Antonio en la casa de su suegra, la pareja arrendó una vivienda en San Vicente de Tagua-Tagua donde Sofía tuvo una habitación parecida a la de una princesa. “Entonces a mí me despidieron de la minera donde trabajaba, y tuvimos que volver a vivir al alero de otros”, dice Antonio. Desde 2011 convivieron principalmente con la mamá de la Gaby en una casa a no más de cuatro cuadras de la línea férrea donde fue abusada ese 7 de agosto. “Un mes después fui a pedir una mediagua para que se instalara en el patio trasero de su suegro. Pero cuando llegué a darle la sorpresa ya era demasiado tarde”, dice la madre, Inés.

Las señales

Es 11 de agosto de 2012, tres días después del ultraje. La noticia se ha expandido entre los vecinos y Gabriela se niega a ducharse. No quiere verse los moretones que le quedaron del ataque. Se siente sucia. “Me tomé las pastillas que toma el tío para la diabetes”, le murmuró a su madre antes de desvanecerse e ingresar al Hospital de San Fernando por una sobredosis. El mismo establecimiento donde tres días antes había constatado lesiones.

“Las víctimas se sienten estigmatizadas. Y en pueblos chicos esto se incrementa. Además, la probabilidad de encuentro con quienes la atacaron es mucho mayor, y potencia su estado de desolación. Por eso es tan importante que las instituciones funcionen”, explica María de los Ángeles Aliste, sicóloga y coordinadora técnica del Área Reparación Adultos del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), dependiente del Instituto de Criminología de la PDI.

El hospital aplicó los protocolos estándar con Gabriela.

Amarrada a una camisa de fuerza durante los 7 días que estuvo hospitalizada, recibió, además, a Labocar que le hizo pruebas de saliva y pelo. “Todos esos trámites a destiempo la tenían pésimo. Y también el hecho de exponerse una y otra vez a la calle para asistir a las citas con Unidad de Víctimas del Ministerio Público. Estaba aterrada. Dormía en posición fetal. Quería que le cuidaran el sueño porque tenía pesadillas”, cuenta Juan.

Los detenidos de esa noche están libres, pero no pueden salir de sus casas. En San Fernando la gente ha tomado la justicia por sus propias manos y los ha golpeado y amenazado de muerte. “Violadores maricones”, escribió alguien en la línea férrea donde Gabriela fue violentada.

Días después, dopada en el hospital, Gabriela le decía a su mejor amiga, Claudia: “Le regalé mis hijos a la tía Lloana”.Según la sicóloga del CAVAS, no es extraño que en las víctimas de agresiones violentas fantaseen con la muerte. “Algunas encuentran en los hijos un motivo de vida, pero otras están tan desesperadas que sienten que la crianza es una exigencia que sobrepasa su capacidad de respuesta. Piensan que si el mundo se ha convertido en un peligro, ya no los pueden proteger”, afirma.

Gabriela fue dada de alta el 17 de agosto. El siquiatra Guillermo Gálvez, la consideró estabilizada y recomendó atención ambulatoria y antidepresivos. El 4 de septiembre, durante una sesión con la sicóloga Macarena Gallegos, la paciente pidió hacerse una cura de sueño. Le dijeron que no había camas. El hospital lo desmiente. “Desde la Unidad de Salud Mental no emitieron ninguna orden de hospitalización”, afirma el director del establecimiento, el doctor Carlos Herrera.

Para que Gabriela pudiera ser internada nuevamente tendría que haber llegado al servicio de urgencia tal como llega cualquiera que se ha doblado el tobillo. “Pudimos haber indagado más. Pero existen 1.300 pacientes con patologías mentales severas que atender al año y hay que sistematizar. Si me dedicara a seguir todos los casos me volvería loco”, dice Herrera.

El Hospital de San Fernando está catalogado como de Alta Complejidad, pero no tiene una unidad de siquiatría con hospitalización. La única opción es la Unidad de Corta Estadía en Rancagua, pero el siquiatra al descartar su riesgo suicida, la desestimó. “Lo otro sería que la hubieran llevado a Santiago o a una clínica privada. Pero uno puede querer muchas cosas y otra distinta es a lo que puedes acceder”, agrega Herrera.

Ese 4 de septiembre, Gabriela también buscó al doctor Gálvez y le pidió una licencia para que su mamá pudiera presentarla en la casa particular donde trabaja como empleada. “Le tomó las manos y le dijo, con su carita llena de pena, si le podía hacer ese favor para que yo pudiera cuidarla pero él dijo que no podía. Nos vinimos con la cabeza gacha. Todo nos salía mal. A la Gaby más encima le tenían las licencias retenidas y no tenía un peso”, recuerda Inés. Su suegra, Lloana, accedió a quedarse con sus hijos desde entonces para que Gabriela pudiera irse a la casa de su hermano Juan. No volvió a ver a los niños.

Intentos desesperados

Cuando Juan se enteró de la sobredosis de Gabriela sintió que lo quemaban vivo. Desesperado, advirtió al Ministerio Público que había cámaras en la vía pública que seguramente habían registrado lo ocurrido la noche que Gabriela fue atacada y podían arrojar luces de los autores. Pero no encontró respuesta. “No sé dónde están. Las pedimos, pero no han aparecido. Si las tuviéramos, obviamente las habríamos ocupado como una prueba”, dice el fiscal regional, Luis Toledo.

La siguiente puerta que golpeó Juan fue la del Sernam. Aunque la institución solo puede asistir a juicios sobre violencia intrafamiliar, un abogado de la institución, Claudio Díaz, consiguió una autorización excepcional para patrocinar el caso ad honórem. El 22 de agosto, quince días después del ultraje, el abogado y Gabriela redactaron una querella por violación que fue presentada en el Tribunal de Garantía. “Ese día me comprometí a encontrar a los culpables. Era tan evidente lo afectada que estaba, no sé cómo el servicio de salud no fue capaz de verlo”, dice Díaz.

Hasta ahora el abogado no ha podido cumplir su promesa. Los análisis de ADN que se aplicaron a la ropa interior de los tres sospechosos no arrojaron nada. Y solo las piedras que se encontraron en su zona genital y que tiene Labocar en Santiago, podrían dar alguna luz. Semanas antes, el abogado que defiende a los acusados, Cristián de la Jara, sin saber que los resultados de esas prendas favorecerían a sus clientes, planteaba la duda: “¿Qué importancia va a tener esa prueba si la ha analizado un servicio que ha hecho mal el trabajo desde un principio?”.

La despedida

El sol cae sobre el cementerio Parque San Fernando. Juan, Inés y Lloana hermosean la tumba mientras Sofía y Nicolás juegan. “Estaba fumando harto la Gaby al final”, comentan mientras un cigarrillo se consume sobre su lápida.

La última cajetilla se la compró Juan el 6 de septiembre, el mismo día que ella se suicidó. Según recuerda, habían compartido juntos un plato de charquicán al almuerzo. Y su hermana, le pidió el celular. Fue en ese momento que escribió en su facebook: Adiós a todos. “Cuando una tía del jardín infantil donde la Gaby trabajaba me llamó para advertirme de eso, fui corriendo a verla. Pero Gabriela me explicó que lo había escrito porque iba a cerrar el sitio. ¿Te sientes bien hija?, le pregunté. Y con una risa extraña, me empezó a contar que se había bañado. Empecé a llorar. Yo andaba tan mal como ella”, revela la madre.

“Antes que te vayas, abrázame”, le pidió Gabriela. Y encorvada como un caracol en sus brazos comenzó a besarle la cara. La madre se culpa de no haber notado que se estaba despidiendo. Cuando Juan fue buscar a Gabriela para decirle que había conseguido una licencia para la mamá, el perro Aquiles no ladró. Estaba mirando el cuerpo de la joven que colgaba desde el segundo piso hacia fuera, amarrado a una sábana. “La impotencia más grande es que mi hermana se tuvo que suicidar para que las falencias de un sistema completo que no fue capaz de contenerla salieran a la luz”, dice Juan acariciando la última carta de Gabriela.

 
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