La pesadilla que nunca termina

Reportajes y Entrevistas

La pesadilla que nunca termina

Por Daniela Mohor W. / Fotografía: Rodrigo Chodil

En febrero se anunció el próximo cierre del Cread de Playa Ancha, un centro del Sename que lleva años haciendo noticias por denuncias de maltratos. Este recinto, que debía ser un espacio de reparación para los niños vulnerados, se volvió en un nuevo símbolo de la ineficiencia del Estado en materia de protección infantil. Con decenas de sumarios y cinco querellas en su contra, ad portas de su clausura, la violencia persiste: dos intentos de suicidio, una violación, una niña fracturada tratando de huir; todo esto durante el verano.

Paula.cl

Entre la gente de Valparaíso el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha es conocido como la “Casa de Menores”. Así se llamaba cuando se construyó este edificio de muros altos de color anaranjado, con ventanas enrejadas, cajas de aire acondicionado a la vista y – único toque de alegría– murales pintados. A medida que pasaron los años se convirtió en una cárcel para menores infractores de la ley, luego en un centro de diagnóstico y finalmente en centro de reparación. Pero ahí es poco o nada lo que se repara. La imponente construcción, que abarca una manzana entera, es más bien el lugar perfecto para que se den hechos horrorosos bajo toda impunidad.

“El que sea tan grande hace muy difícil que se pueda tener control sobre lo que ocurre en cada casa. Además, es un edificio con mucho recoveco, escaleras hacia arriba”, explica una ex funcionaria del centro que prefiere guardar el anonimato. “Es una estructura vieja, que fue una cárcel y sigue teniendo la misma infraestructura”.

El centro está dividido en dos secciones: la femenina y la masculina. Este último sector es donde se han dado la mayoría de los casos denunciados.

“Esto es un cerro y uno va subiendo. En el sector masculino está la casa C de los niños de edad intermedia, luego la enfermería masculina, unas oficinas y la casa B de los chicos con conductas más complejas por consumo de drogas e infractores de la ley. Subiendo más arriba hay un gimnasio techado y una multicancha y al último está la Casa Amanecer”.

Esa es la casa de los niños de 9 a 13 años, los primeros que se atrevieron a revelar la violencia a la que eran sometidos.

Violencia continua

La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) del 21 de marzo pasado, que le exige al Estado de Chile tomar medidas para proteger la vida e integridad de los niños que residen en ese centro, es solo un nuevo episodio en los cuestionamientos al Sename. Es también el último capítulo en la larga historia de denuncias que suma el Cread de Playa Ancha, cuyo cierre anunciado en febrero aún no se ha cumplido.

Con más de 30 sumarios por maltrato en los últimos tres años, cerca de 20 funcionarios destituidos, cinco querellas en su contra por apremios ilegítimos y torturas, esta residencia para menores se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia del Estado para poner fin al calvario que viven muchos de los niños más vulnerables del país. A pesar del debate público y del anuncio de nuevas medidas, la violencia continúa. En su resolución, el CIDH menciona hechos ocurridos hace solo pocas semanas.

“En enero de 2018, una niña habría resultado con fractura de tobillo y fisura en vértebras luego de saltar el muro que conecta al Cread con el exterior y caer al intentar abandonar el centro”, dice el documento. “A fines de diciembre de 2017, el niño A.M. se habría subido a un techo para quitarse la vida. (…) El 5 de enero de 2018, el niño J.S. habría tomado una botella que pensaba era de cloro pero (era) de agua y jabón. (…) El 13 de enero de 2018, una niña que habría abandonado el centro estaría bajo ‘explotación sexual comercial’ sin que se tomen medidas”.

La enumeración sigue: “En febrero de 2018, un niño habría sido violado por otro en duchas de centro deportivo vecino al Cread”.

– En Playa Ancha existían denuncias de malos tratos, situaciones de falta de control de parte de los funcionarios y episodios de desborde de los educadores que no podían lidiar con los niños –resume Branislav Marelic, quien dirigía el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuando este presentó una querella contra el Cread de Playa Ancha en 2016 y cuando la entidad planificó la misión de observación de la red Sename.

– Eso, lejos de ser atribuible a una persona específica, es parte de un problema sistémico y estructural que tiene ese Cread pero que tienen además muchas de las residencias del Sename.

Un sistema de cobranza

Esteban Elórtegui –un hombre alto y pálido de 37 años– asumió como director regional del Sename en 2014 y recuerda perfectamente el momento en que comenzó a darse cuenta de lo que pasaba detrás de los muros del Cread.  El momento en que dejó de caer en la trampa de lo que llama “la puesta en escena” que hacen los funcionarios del centro para que todo parezca normal.

Esteban Elórtegui, ex director regional del Sename en Valparaíso, denuncia el poder de los gremios sobre las autoridades.

– Lo primero fuerte que llegó fue la denuncia por maltratos en la Casa Amanecer que alberga a los niños más pequeños del centro, muchos de ellos con discapacidad intelectual. Fue muy fuerte, muy doloroso. Para mí, marcó un antes y un después –dice este abogado, quien fue destituido de su cargo en el Sename en octubre de 2016, después de que funcionarios se tomaran el Cread en protesta por su gestión. Hoy, como director social de la ONG Corporación La Matriz, sigue buscando provocar cambios en el sistema de protección a la infancia, presentando recursos de protección. Él fue quien solicitó las medidas cautelares a la CIDH.

– Sentí rabia, tristeza, impotencia, frustración y angustia. Pero tenía que hacer algo, porque, a la luz de los antecedentes, en el Cread de Playa Ancha estaba instalado el maltrato que llega a tortura como forma de control conductual. Y estaba normalizado.

Todo se destapó en mayo de 2015 cuando de manera casi simultánea un niño le contó a una sicoterapeuta –que lo trataba fuera del centro– que lo golpeaban, y otros revelaron lo mismo en el colegio al que asistían.

En un informe del Sename de abril de 2016 se puede leer que en los meses que siguieron esos reportes al menos 12 niños fueron entrevistados por especialistas del servicio estatal regional. “Todos los niños refieren malos tratos físicos manifestados en golpes de puños, pies y con objetos (escobillones, sillas), además de maltratos sicológicos, abuso de poder y utilización de información del caso para molestar, amedrentar e intimidar”, dice el documento. “Todos los niños entrevistados señalan que en estos malos tratos estarían involucrados, en mayor o menor grado, la totalidad de los educadores de la Casa Amanecer”.

La ex funcionaria del centro, quien tuvo acceso a los testimonios, precisa: “Eran situaciones de maltrato sumamente violentas. Si los niños se portaban mal en el día, eran formados desnudos en la noche afuera de la casa. Estamos hablando de niños de ¡9 años! En la noche, los educadores no los dejaban dormir, pasaban por el lado de las literas y los botaban de las camas. Hay un educador que empujó a un niño en la ducha y se voló dos dientes”, dice. “Esto fue lo que contaban los que podían hablar, porque había otros que tenían afasia y no podían hacerlo producto de su discapacidad intelectual”.

En uno de los documentos a los que revista Paula tuvo acceso aparece que los apremios eran reiterados y formaban parte de una rutina, a través de un sistema de “cobranza”, según consta en las declaraciones de los niños. Varios de ellos han contado que en la noche les preguntaban quién se había portado mal durante el día. Al que lo había hecho, le “cobraban” pegándole. Otra práctica consistía en pedirle a uno de ellos que le “cobrara” a sus compañeros.

Figura el caso de un menor de 14 años que declara: “Hace dos años que estoy en Cread. A mí, los tíos antiguos me trataban mal. Me pegaban con palos y sillas porque nos portábamos mal. (…) El castigo era quedarse en la cama tapado de frazadas cuando hacía mucho calor, por todo el día. (…) Nos daban SOS para tranquilizarnos, que es una droga que nos inyectaba la paramédico cuando los tíos lo decían y nos daba sueño. Era fuerte”.

La violencia también era ejercida a nivel sicológico. En Amanecer los educadores usaban las historias personales de los niños para humillarlos. “Se burlaban de sus papás, les ponían sobrenombre, les decían que a ellos no los querían, que por eso estaban ahí y que nunca iban a salir”, dice la ex funcionaria.

Una cadena de encubrimientos

Sentado en una de las oficinas de la Corporación La Matriz, un edificio antiguo a un costado de la primera iglesia de Valparaíso, Esteban Elórtegui revive lo ocurrido con emoción. Dice que su decisión de perseguir a los educadores cuestionados tuvo consecuencias. Los dirigentes de los gremios de funcionarios del Sename entraron en conflicto directo con él. En junio de 2016, cuando 11 educadores de la Casa Amanecer ya habían sido suspendidos y se esperaba su destitución, él instruyó abrir un nuevo sumario por hechos ocurridos en otra casa –la B– y suspender a seis personas más. Como protesta, funcionarios del Cread se tomaron el centro por cerca de dos meses.

–Ahí lo pasé muy mal. No es fácil irse contra todos, contra el sistema. Me acusaron de todo, de maltratador de mujeres, de homosexual, de buscar una carrera política.

Las amenazas, el amedrentamiento y las presiones de los sindicatos tanto sobre los funcionarios dedicados como sobre las autoridades, asegura Elórtegui, son la tónica habitual.

“Los gremios se han transformado en una suerte de mafia que ejerce acciones para lograr su objetivo que es protegerse. Las asociaciones de trabajadores te chantajean: Si usted hace eso director lo vamos a acusar de maltratador, de perseguir a los funcionarios, de no ser objetivo, de manipular los sumarios. Si no tuvieran esa fuerza que intimida a las autoridades, no estaríamos con los maltratos que hay hoy”, dice.

Antiguamente el Cread de Playa Ancha fue una cárcel para menores infractores de la ley.

Otras personas que pasaron por el Cread de Playa Ancha confirman que existe una cofradía que lleva a los educadores a encubrir los hechos. En el caso de ese centro, además, muchos son parientes, lo que hace aún más resistente la red de protección que forman. En los documentos del Sename a los que Paula tuvo acceso figuran descripciones de las amenazas que usaron algunos de ellos para acallar a los denunciantes. En febrero de 2016, por ejemplo, una señora que trabajaba haciendo aseo reportó haber visto una brutal golpiza en el patio en la que un educador dejó a un niño de 12 años con contusiones en la boca y el tórax, según la constatación de lesiones. La denuncia quedó por escrito, pero al día siguiente esa señora quiso retractarse porque un educador le había dicho que no fuera “sapa” y que le haría la guerra. En ese mismo caso, el acusado se defendió afirmando que las heridas del niño habían sido el resultado de una “jugarreta” de forcejeos.

La ex funcionaria, que pide guardar el anonimato, recuerda el episodio: “Esa persona del aseo quedó llorando porque no estaba acostumbrada a ese modo de operar. Además en la noche, los educadores agarraron todos los tachos de basura y la esparcieron por el patio. Cuando llegó ella al día siguiente, se encontró con el basural”, cuenta. “En el centro muchos son familiares o parejas y hay una asociación de funcionarios que es muy mafiosa, entonces se protegen entre ellos”.

Por todo esto, Esteban Elórtegui dice que la toma no lo afectó por los ataques que recibió, sino que por temor a lo que les podía pasar a los niños dentro del centro.

Sus aprensiones sobre la situación de descontrol que reinó dentro el Cread durante esos meses eran justificadas. En esa época, la periodista Carla Oneto era gestora de redes del Cread. Oneto también fue testigo de la golpiza al niño de 12 años en el patio y lo denunció. Por eso, asegura ella, cuando los sindicatos de funcionarios armaron la paralización, ella no aceptó plegarse a la toma. Decidió unirse al equipo técnico que se instaló a trabajar en una escuela detrás del centro.

Carla Oneto cuenta: “La característica de este colegio es que su balcón da hacia el techo de la bodega del Cread y un día vimos a un niño de 10 años que se subió al techo y empezó a andar por ahí. Nosotros lo llamamos y él decía que estaba aburrido, que los tíos lo insultaban, le pegaban”.

Carla habla con la voz apretada: “De repente el niño se enrolla un cable telefónico al cuello y se pone en el borde del techo. Estaban el sicólogo y un administrativo conmigo y empezamos a persuadirlo de que se bajara, pero el niño no se quería bajar. Seguimos hablando con él hasta que logramos que cediera. Ahí me di cuenta de que las cosas estaban en total descontrol dentro del Cread”.

Oneto se puso en contacto con varios de los organismos colaboradores que le entregan apoyo sicológico y terapias de distintos tipos a los niños del Cread para saber si seguían asistiendo. “No los estaban llevando. Yo con el caso de este niñito, temí por su vida. Entonces decidí presentar un recurso de protección a favor de los niños y la corte de Valparaíso lo acogió”.

En noviembre de 2016, Carla Oneto decidió no seguir en el Cread. La carta de renuncia que le envió a la directora nacional del Sename, Solange Huerta, tiene tres páginas en las que fundamenta su decisión. Ahí se lee: “Le pregunto respetuosamente: ¿Por qué no se les da urgencia a los sumarios ni se destituyen de una vez por todas a los funcionarios maltratadores? ¿Por qué no se diseña ni se implementa un plan real que intervenga el centro para impedir y prevenir más situaciones de vulneración a los NNA (niños, niñas y adolescentes) del Cread? (…) ¿Por qué los sumarios que se instruyeron por hechos graves sucedidos durante la toma y que fueron reasignados a Santiago aún no comienzan, considerando que hay situaciones tan delicadas como denuncias de maltrato grave y negación de atención médica?”.

Al final de la carta, dice: “Me doy cuenta de que no puedo hacer más por intentar mejorar las condiciones en que viven nuestros NNA si no existe la misma mirada desde la Dirección Nacional. Seguir ahí me transforma en cómplice de una situación a todas luces vergonzosa”.

La lentitud en los procesos es una falla evidente. Los hechos de la Casa Amanecer, por ejemplo, requirieron que una fiscal local le diera dedicación exclusiva al sumario. El proceso fue relativamente corto. Seis meses después de las denuncias, se enviaron los antecedentes a Santiago para obtener la destitución de los educadores imputados. En febrero de 2016, la entonces directora nacional del servicio, Marcela Labraña, aplicó la destitución. Pero hubo que esperar un año más para que esta se hiciera efectiva.

Hay otros casos, aseguran ex funcionarios del Sename, en que las autoridades locales prefieren aplicar una sanción menor. Incluso se habrían dado situaciones en que se les renuevan los contratos definidos a cuidadores denunciados.

De la misma manera, la querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por los delitos de tormento y apremios ilegítimos sigue en tramitación en la Fiscalía de Valparaíso.

Branislav Marelic, ex director del INDH, explica: “A diferencia de lo que está haciendo (el fiscal Marcos) Emilfork, quien está a cargo de las muertes en el Sename, y de José Luis Pérez Calaf, el fiscal a cargo de las redes de abuso sexual, no hay ningún fiscal preferente o de dedicación exclusiva que se ocupe de las torturas y de los malos tratos al interior del Sename. Cada denuncia se va a la Fiscalía local correspondiente y no hay necesariamente un tratamiento sistémico o de priorización”.

Marelic, cuya destitución a pocos días de que se publicara el informe del instituto sobre las redes del Sename causó polémica durante el verano, agrega: “Creo que hay un sector del Estado y de las personas involucradas que no quieren que esto se investigue. Es evidente que no quieren que el sistema cambie. Si no, hubiese cambiado hace 20 años”.

Mónica Jeldres, jueza Titular del Segundo Juzgado de Familia de Santiago y autora del informe sobre los niños del Sename de 2013, conocido como Informe Jeldres, agrega:

“Hemos llegado al punto de permitir por nuestra inacción que los niños estén expuestos a daños graves e irreparables. ¿Qué más evidencia esperamos para actuar si acaso no es la aflicción que se trasunta de los testimonios la prueba palpable de que hemos estado inmovilizados por años?”.

La defensa de los funcionarios

Rubén Munizaga lleva más de 20 años trabajando en el Cread y dice sentirse una víctima del sistema.

Rubén Munizaga es orientador familiar y hace más de 20 años que trabaja como cuidador de trato directo en el Cread de Playa Ancha. Además, es dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Sename (Anfur) y una de las voces más críticas de la gestión de Esteban Elórtegui. Asegura que las denuncias de tortura son “una cuestión publicitaria que han hecho sin tener conocimiento de lo que pasa aquí”; que mucho de lo que se dice no ha sido comprobado y que lo que él y la asociación piden es la judicialización de los sumarios.

“Hay mucho de lo que se habla, que judicialmente no ha sido comprobado”, dice reafirmando lo que expresó la asociación en un comunicado del 22 de marzo pasado en respuesta a la resolución de la CIDH. Este dice, entre otras cosas, que los trabajadores denunciados “manifiestan claramente persecución y manejo ilegal de antecedentes y de declaraciones” y que para los trabajadores “es de vital importancia (…) que sea la justicia quien investigue a fondo”.

Rubén es un hombre bajo, de trato amable. Mientras conversa delante del Cread, entran y salen jóvenes acompañados de un adulto. Se dirigen hacia el paradero de la micro. Hoy quedan 64 niños, de entre 10 y 17 años y 11 meses en el Cread. 20 son mujeres, el resto hombres. Muchos, dice, están nerviosos desde que se anunció el cierre del centro. Y para los educadores, como siempre, la situación no es fácil.

“Nosotros somos víctimas del sistema”, dice. “Porque el sistema no nos ha colaborado, a pesar de todo lo que hemos pedido que lo haga”.

Rubén explica que la idea inicial del Cread era que fuera de “reparación especializada”, pero que en realidad nunca lo ha sido. Que eso implicaría que cada educador trabajara solo con un grupo de niños, según sus necesidades específicas. Que les falta personal y muchas veces tienen turnos de hasta 48 o 72 horas. Y que no disponen de un sistema de salud que les permita darle un tratamiento adecuado a la mayoría de estos niños que llegan dañados producto de una vida de abusos y abandono.

“En el fondo no hay especialización. Yo tengo que ser un popurrí de funcionario porque tengo que trabajar con 20 chiquillos que tienen 20 problemas distintos. Cada educador especializado debería manejar solo a niños de su especialidad, ya sea consumo de drogas, abandono o abuso sexual”, dice. “Nos falta gente y tampoco hemos logrado que Salud se haga cargo de los chiquillos siquiátricos. Nosotros no podemos atenderlos, no tenemos la facultad para hacerlo”.

La doctora Gloria Román, siquiatra infanto-juvenil del Hospital Salvador de Valparaíso, hace la misma constancia. Dice que el manejo de niños vulnerados requiere de altos conocimientos en siquiatría infantil y que muchos de los educadores solo cuentan con cuarto medio. Esa falta de manejo facilitaría los desbordes que se han dado por parte de algunos funcionarios.

“No es aceptable, pero es entendible que no tengan las herramientas para tener un buen manejo con los niños. Los educadores están muy botados, muy solos y no se les hace ningún tipo de preparación para esto”, dice.

Eso, agrega, se vuelve particularmente complejo a la hora de manejar a los niños que se descompensan y se vuelven agresivos. Ella solo trabaja 10 horas en el centro y los servicios de urgencia, que deben ser llamados por protocolo en esos momentos críticos, no siempre llegan.

Todos coinciden en que la falta de preparación y la precariedad de las condiciones de trabajo son uno de los principales problemas en la crisis del Sename.

“Los educadores (de la Casa Amanecer) tenían cuarto medio y algunos venían de trabajos previos que no son compatibles con la atención de niño”, agrega la ex funcionaria del centro que prefiere guardar el anonimato. “Hay gente que trabajaba vendiendo ropa que estaba de educador”.

Otro punto importante en esta crisis institucional, dice Elórtegui, es que muchos de los educadores son personas que han tenido historias de vida similares a la de los niños que atienden. Vidas marcadas por el maltrato.

“Hay condiciones muy adversas, sobre todo para los cuidadores de trato directo. Por eso habría que abrir una carrera de educadores en los que desde el primer día les digan ‘Ustedes van a estar sometidos a tensión, a estrés, los niños les van a pegar, a insultar, pero ustedes no pueden maltratarlos. Y se requieren equipos directivos profesionalizados’”, dice.

Para Carla Oneto existe hoy un círculo vicioso en que el modelo se perpetúa y la cadena de malos tratos y vulneraciones nunca acaba.

“El asunto es súper claro: quienes tienen que hacer su trabajo como corresponde no lo hacen. Es legítimo que los funcionarios reclamen porque los niños no están teniendo las intervenciones adecuadas o porque no existen dispositivos de salud. Hay muchas cosas en que tienen razón, porque el Estado de Chile no cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces empiezas a ver una tremenda desesperanza”.

Esa desesperanza es la que Elórtegui se niega a aceptar.

“Está esa desesperanza aprendida de decir: ‘Nada va a pasar, las cosas no van a cambiar, siempre ha sido así’, y eso muchos funcionarios lo sienten. Pero yo creo que no es verdad que no ha pasado nada. Ha pasado: los 11 educadores de la Casa Amanecer fueron destituidos y otros también se han ido”, dice el abogado.

“Y el cierre del Cread no es para que le pongan un candado, diga ‘Clausurado’ y los niños vayan a la calle. Apunta a que los niños tengan condiciones de vida digna y que se hagan otros centros mejores. Hay luces de esperanza”.

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