Natalia Ravanales: “En el senado descubrí que tenía una discapacidad limitante”

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Natalia Ravanales: “En el senado descubrí que tenía una discapacidad limitante”

Por Patricia Morales / Fotos Sergio López

Nació con cataratas congénitas, enfermedad que, después de dos cirugías, a los ocho meses y a los cuatro años, la dejó con solo un diez por ciento de visión. A pesar de su discapacidad entró a estudiar Derecho a los 33 años y en paralelo, en 2015, ingresó a trabajar en la central telefónica de la Cámara Alta mediante un concurso público. La oportunidad de estar cerca de quienes hacían las leyes la llenaba de ilusión, pero lo que prometía ser una gran experiencia se transformó en una pesadilla. Dentro de los pasillos del Congreso conoció por primera vez la discriminación. Aquí repasa cómo fue esa experiencia de la que logró sacar fuerzas para defenderse y demandar al Senado.

Natalia (40) baja las escaleras de su casa en Villa Alemana con un ceñido vestido blanco, labios anaranjados y un perfecto delineado azul que potencia el color de sus ojos. Poco antes de llegar nos llamó para preguntar cómo debía estar vestida para las fotos. “Siempre me preocupo de verme bien. No porque tenga una discapacidad me voy a dejar estar”, dice coqueta mientras nos acomodamos en el living. Justo en ese momento le suena el celular, al parecer un mensaje de WhatsApp. Toma su teléfono y lo acerca, literalmente, a dos centímetros de su cara. “Perdón, me llegó un mensaje. Lo voy a poner en modo avión”, dice disculpándose.

Ah, pero entonces tú ves algo.
Sí. Yo nací con cataratas congénitas. No veía nada y después de dos operaciones, a los 8 meses y a los 4 años, lograron rescatar un poco de visión para estar en las condiciones en que estoy ahora. Según los certificados médicos, sin lentes de contacto tengo una ceguera del 95 por ciento, y con lentes, de un 90. Me han dicho que es como ver por un vidrio muy empañado. Distingo colores, puedo reconocer caras, si están cerca. También puedo desplazarme sola, con los años he adquirido destrezas para poder orientarme.

Nació en San Bernardo y hasta sexto año de educación básica estuvo en un colegio especial para personas con ceguera. Luego la enseñanza media la hizo en un colegio común y corriente. Salió a los 16 años, a los 18 conoció a su primer marido y a los 20 fue madre de su primera hija. “Siempre tuve el sueño de estudiar Derecho, pero como en mi familia no estaban los medios económicos para pagarme estudios superiores y en esos años además no existían a nivel nacional los implementos para que las personas con discapacidad visual rindieran la PAA, postergué ese sueño”, cuenta. Pero no para siempre. Cuando su hija cumplió 12 años decidió que era un buen momento para estudiar. A sus 33 años ingresó a la universidad Andrés Bello, en Viña del Mar, cuestión que le costó su matrimonio. “Él estaba acostumbrado a que yo hiciera las cosas de la casa, que cuidara a la niña, y me dijo que iba a perder el tiempo en lugar de dedicárselo a la casa como lo venía haciendo hasta entonces. Tuve que escoger, y escogí mi carrera”, recuerda.

Fue una valiente decisión.
Sí, pero no fue fácil. Los primeros dos años iba a clases con mi hija, porque no tenía con quién dejarla. Por eso estoy muy agradecida de la universidad, porque me ayudaron y siempre me sentí muy incluida. Era una más, no había un trato diferente. Para mi inserción social y mi desarrollo humano fue muy importante ese espacio. Tener una discapacidad en este país y más encima no tener un título te cierra muchas puertas.

¿Alguna vez encontraste un trabajo antes de entrar a estudiar?
Una vez, como operadora telefónica en un centro de salud. Pero lo conseguí luchando. Iba todos los días a la municipalidad a pedir audiencia con el alcalde hasta que logré que me recibiera. Él hizo todo lo necesario para crear mi puesto de trabajo. Fue una linda experiencia, hice grandes amigos ahí.

LA PESADILLA DEL SENADO

En 2013, cuando llevaba tres años estudiando, Natalia comenzó una relación con su actual marido. “Nos conocimos por redes sociales, fue todo muy rápido, de hecho en 2014 nació mi segundo hijo”, cuenta. Empezaron a tener más gastos así que decidió buscar un trabajo en paralelo a sus estudios. “En abril de 2015 se abrió un concurso público en el Senado con varios cargos, entre ellos el de operadora telefónica. Postulé de inmediato y quedé en la terna. Se demoraron un montón en resolver, mucho más de lo normal, incluso los otros cargos ya se habían asignado y un mes después recién se resolvió el puesto de operadora telefónica. Ahí me avisaron que el cargo al que había postulado se lo había adjudicado otra persona, pero considerando mis buenas calificaciones, que además había acreditado tener una discapacidad visual y cumpliendo con la ley de inclusión, por comisión de régimen interno decidieron darme igual el puesto pero a contrata, ya no en la planta. Íbamos a entrar dos en vez de una”, relata.

¿Te complicó que fuese a contrata y no de planta?
Pensé en las cosas concretas. Necesitaba la plata, estábamos superendeudados, a punto de perder la casa por no pagar los dividendos, así que esta oportunidad para mí era una bendición, un milagro casi. Aunque fuese a contrata iba a tener un trabajo estable, en un lugar que para mí era un sueño llegar, porque ahí se hacen las leyes, que era lo que estaba estudiando, y a pesar de que no me iba a dedicar a eso iba a estar cerca de las personas que lo hacían.

Hasta ahí todo iba bien, ¿cuándo empezaron los problemas?
Apenas llegué. Ya el hecho de que hayan ingresado dos y no una fue polémico para las personas que trabajaban en la central telefónica. Al verme cuestionaron mi condición. Dijeron que a ellas les habían contado que llegaría una persona ciega y aparecí yo, sin bastón y muy bien maquillada, por eso sugirieron que yo estaba ahí ‘apitutada’.

¿Qué les respondías?
Traté de explicarles que no tenía ningún contacto político, que mis notas fueron sobresalientes y que también fue por el hecho de tener una discapacidad, ya que querían cumplir con la ley de inclusión, porque hasta ese momento no había ninguna persona con discapacidad trabajando en el Senado.

Natalia cuenta que en ese momento comenzó su pesadilla. “Me traté de integrar, les tuve que explicar cómo era mi condición, por qué me podía maquillar, por qué no chocaba, por qué podía ocupar el celular aunque lo tenía que usar de cerca; les mostré que para trabajar en el computador me habían instalado un programa que transformaba la imagen en sonido porque no podía leer. Pero no lo entendían. Del mismo modo, el hecho de que estudiara también les molestaba, que saliera de inmediato terminando el turno de tarde y me fuera a clases no les parecía. Ahí comenzaron los experimentos, las burlas, las injurias y realmente una campaña para mantenerme mal durante el horario de trabajo”.

¿Qué te hacían?
Le bajaban el volumen a mi computador para que no pudiera trabajar, me borraban anexos de la planilla que tenía que escuchar, entonces cuando necesitaba comunicar a una persona no aparecía el contacto. Empezaron los apodos, me decían ‘la novena’, fue realmente humillante.

¿Avisaste a tus jefes de lo que estaba pasando?
Sí, pero cada vez que daba cuenta a las autoridades me encontraba con absoluta indiferencia. Por lo demás, cada vez que quería informar de lo que me hacían, ellas mismas me decían que era absurdo porque eran cercanas a algunos senadores y por tanto era tan sencillo como que hablaran con alguno de ellos para que yo me fuera de ‘patitas a la calle’, así de claro (…) Tenía sentimientos encontrados, porque sabía que lo que me hacían no era correcto, y me sentía mal porque pensaba cómo estoy estudiando esta carrera si no soy capaz de defenderme de lo que me están haciendo.

 

LOS INFORMES ADULTERADOS

“Las cosas fueron escalando, cada vez estaban peor. Ya no quería ir. Cuando iba llegando me venían náuseas, tiritaba entera. Dejé de rendir en la universidad, después de haber sido una alumna de excelencia empecé a reprobar todo. Volvía a la casa llorando, mal genio con mis niños, con mi pareja”, dice. Y agrega: “En ese tiempo nadie quería ejercer el cargo de supervisora de la central telefónica. La última supervisora no quería hacerlo porque tenía una edad bastante avanzada y no sabía usar el computador; era difícil para ella hacer informes, así que se desligó del cargo y la central quedó a la deriva. Para mi sorpresa, a pesar de las denuncias que yo había cursado por escrito a las jefaturas y que había presentado pruebas de lo que me hacían, pusieron como supervisoras a dos de las personas que más me agredían.

¿Cómo te lo tomaste?
Casi me muero, no lo podía creer. Porque además esas personas me tuvieron que evaluar. Me pusieron nota 1 en todo. Es como que no servía para absolutamente nada, y eso no se condecía con las felicitaciones que había recibido de parte de algunos senadores ni con mi rendimiento. Por otra parte, tampoco correspondía que me evaluaran porque llevaba cuatro meses en el cargo y las evaluaciones son recién a los seis meses.

¿Alguien te ayudó en ese momento?
Les envié una carta de apelación a las autoridades más altas del Senado. Sentía que mis jefes directos no me daban respuestas, así que decidí escalarlo. A los pocos días me avisaron que efectivamente las calificaciones no tenían fundamentos, pero al parecer que yo elevara el tema les molestó y pidieron un informe sobre mi rendimiento, que otra vez fue encargado a las mismas personas.

Y me imagino que nuevamente evaluaron mal.
Sí, pero además esta vez venía con evidente adulteración de documentos, y me tuve que dedicar el último mes del 2015 a recabar las pruebas necesarias para demostrar que el informe estaba adulterado. Por ejemplo, me ponían ausente en días feriados, decía que me arrancaba de la central telefónica sin darle aviso a nadie en días que existían circulares donde a todos los funcionarios nos exigían salir más temprano porque iban a desinfectar el edificio. Y una de las acusaciones más graves que pusieron fue que un día no me presenté de forma injustificada, y eso lo comprobaron con una planilla Excel donde no se veía tráfico de llamadas. El problema es que se les olvidó adulterar el registro del reloj control, donde marcaba entrada, salida y almuerzo, y también se les olvidó borrar el registro que entrega directamente la máquina del computador, donde aparecía con tráfico y mucho flujo de llamadas. Todas estas pruebas las envié a la secretaría general del Senado. Dicho informe quedó nulo, pero el argumento que dieron fue que efectivamente no cumplía los seis meses para ser evaluada. De las pruebas adulteradas no dijeron nada.

 

“ESTO NO ES INCLUSIÓN”

En los últimos meses de 2015 y el verano de 2016 Natalia entró en una profunda depresión. Dormía todo el día y consumía ansiolíticos y medicamentos para poder estar tranquila. “Me acomplejé mucho, renegué de mi condición, de la que antes me sentía orgullosa porque siempre me destacaron que, a pesar de tener discapacidad, podía hacer las cosas igual que los demás, o incluso a veces mejor. Pero en ese momento comencé a ver mi discapacidad como una carga, como un castigo”, cuenta. Su psiquiatra le dio licencia y un informe en el que le pedía a su empleador encarecidamente que la trasladaran a otra dependencia, que era fundamental para su inclusión y que estar ahí estaba afectando su salud gravemente.
La solución que le dieron fue que trabajara desde la casa como operadora telefónica. Pero, reclama, esto obviamente no significaba ninguna inclusión, porque estar encerrada en la casa la mantendría fuera del sistema. “Volví a enviar una carta y me citaron a una reunión donde se comprometían a encontrar una solución diferente. Yo ya estaba decidida a tomar una acción judicial y necesitaba una prueba, por eso grabé, obviamente sin informarle a nadie”, cuenta.

¿Qué pasó en esa reunión?
La recepción fue mala desde el principio. Me entregaron un manual al que me iba a tener que ajustar al trabajar todos los días desde mi casa. Me dijeron que por mi condición no es fácil llegar e instalarme en otro lugar y que tenía que aceptar eso o se le ponía fin a mi contrata. Además me insinuaron que eso de andar acusando constantemente a mis compañeras no hablaba bien de mí y me recalcaron que no estaba en condiciones de pedir nada, que mejor agradeciera la oportunidad que me estaban dando. Les rogué que me cambiaran, les di el ejemplo de otra operadora que habían trasladado, pero me insistieron que para postular a otro cargo tenía que ser por concurso público y que en ese momento no había ninguno. Desde ese día, 7 de junio de 2016, estoy con licencia médica por depresión.

 

LA DEMANDA

Un mes después de esa reunión Natalia comenzó la demanda. Al principio le costó encontrar a alguien que la patrocinara. Se consiguió un préstamo para pagarle a un abogado, pero nadie quiso representarla. Le decían que era una locura, como David enfrentando a Goliat. Pero la pena y la rabia la llenaron de fuerza. Entre lágrimas redactó cada uno de los escritos, se amaneció varios días haciéndola. Finalmente un compañero de universidad le prestó su firma porque Natalia aún no estaba titulada. En agosto de 2016 la interpuso.

La primera sentencia la ganó utilizando el audio como prueba, entre otros documentos. La tercera sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso confirmó el 15 de noviembre de 2018 una sentencia por infracción a la Ley Antidiscriminación -más conocida como Ley Zamudio- que afirma que se vulneró el derecho a su integridad psíquica. Se condenó al Senado el pago de una multa a beneficio fiscal de 10 UTM y a restituir a la demandante en su puesto de trabajo. “Médicamente yo no creo que eso sea posible, ni siquiera en otro departamento del Senado. Pero yo ya no quiero volver. Lo que busco es reivindicar a las personas con discapacidad. Me duele el alma cuando veo a diputados y senadores llorar en la Teletón y pedirle al país que donen plata y que sean inclusivos, cuando al interior del Senado hay una persona con discapacidad a la que discriminaron sin cansancio”, sentencia.

LA DECLARACIÓN DEL SENADO

Durante el artículo no fue posible hablar con las personas naturales involucradas en este caso ya que la demanda se realizó al Senado como persona jurídica y el caso se encuentra en trámite en la Corte Suprema. Sin embargo, aceptaron emitir su declaración oficial que transcribimos íntegramente aquí:
“En relación a la denuncia planteada por la funcionaria Natalia Ravanales en contra del Senado, es nuestro deber precisar lo siguiente:

1.- El Senado, tiene un fuerte compromiso con la inclusión sociolaboral, siendo uno de sus pilares estratégicos en la gestión de personas, manteniendo una sólida política de no discriminación en todos los ámbitos. En tal sentido, ha dado estricto cumplimiento a todas las exigencias que en materia de inclusión de personas con discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez, exige nuestra legislación, particularmente la ley 20.422, incluida la implementación de las herramientas tecnológicas disponibles para que puedan desarrollar sus labores con absoluta normalidad.

2.- En esa línea es que desde el año 2016 se han realizado -de manera sistemática- prácticas laborales de personas con discapacidad, en virtud de convenios celebrados en coordinación con la ONG Avanza Inclusión y el Programa Más Capaz, línea jóvenes con discapacidad, que han beneficiado a más de 20 practicantes. Esta experiencia ha sido muy positiva tanto para la institución como para los participantes y seguiremos aprendiendo y profundizando nuestro compromiso en la materia.

3.- En relación a la denuncia pública efectuada por la funcionaria Sra. Natalia Ravanales Toro, la lamentable situación vivida con ella fue excepcional, derivada de los problemas de clima laboral vividos al interior de la Unidad en que se desempeñaba. En tal sentido descartamos que la Sra. Ravanales, en el período que laboró efectivamente, haya tenido al interior del Senado otras diferencias con funcionarios, autoridades o Senadores.
Sobre el particular hay que señalar que el Senado, como institución, no solo apoyó decididamente la contratación de la Sra. Ravanales en el mes de abril del año 2015, sino que desde que rindió la prueba de selección hasta su incorporación al servicio, el Senado brindó todas las herramientas tecnológicas -equipo y software- para que pudiese desempeñar sus funciones. A mayor abundamiento en todo este periodo, la Sra. Ravanales nunca ha perdido su puesto de trabajo.

4.- Respecto a las demandas que interpuso la funcionaria y los sumarios administrativos respectivos, el Senado ha señalado su pleno respeto a las decisiones que adopten los tribunales de justicia.

5.- Por último, reiteramos nuestro compromiso con las políticas de no discriminación y, el marco de respeto necesario que debe existir entre los funcionarios y funcionarias, la institución no se pronuncia o emite declaraciones sobre los casos en sede judicial ni sobre sus expresiones en distintos medios de comunicación, y está a la espera de lo que resuelvan los Tribunales Superiores de Justicia”.

 

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