Niños esclavos

Reportajes y Entrevistas

Niños esclavos

Por Greta di Girolamo / Ilustración: Edith Isabel / Infografía: Silvia Caracuel

Tienen entre 13 y 18 años, son de la comunidad indígena de Otavalo, en Ecuador, y llegan a Chile con la promesa de un sueldo y aprender el oficio de comerciante. Acá retienen sus documentos, los incomunican de sus familias, duermen en el suelo y trabajan hasta 20 horas diarias a cambio de un plato de arroz. Los niños otavaleños componen más de la mitad de la lista de menores de edad víctimas de trata de personas en Chile, un delito por el cual se acaba de dictar la primera condena de cárcel.

Luis Perugachy tenía 13 años cuando su madre y su padre, ambos sordomudos, autorizaron legalmente al matrimonio de Luis Alberto Maldonado y María Rosa Córdova –ecuatorianos con residencia en Chile– para que lo trajeran desde Ecuador en 2012. La pareja les había prometido que Luis ganaría 50 dólares mensuales trabajando como vendedor ambulante, dinero que ayudaría a sus padres a mejorar sus condiciones de vida. Vivían en Otavalo, sector indígena que alcanza un 70% de pobreza, con casitas de suelo de tierra que en vez de puertas tienen cortinas, sin acceso a agua potable ni alcantarillado.

Una vez en Chile, Luis comenzó a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche y sus labores no se acotaron solo a la venta ambulante. Tenía que preparar el desayuno de la pareja y sus hijos, lavar la loza, confeccionar collares y luego venderlos en distintas localidades. Al final del día, tenía que entregar todo el dinero recaudado. En más de una oportunidad rogó a sus captores volver a Ecuador con su familia, pero la respuesta siempre fue negativa. Jamás recibió pago y no tuvo ni un solo día de descanso. Su documento de identidad fue retenido. No tuvo acceso a salud ni educación.

Eso hasta que el 14 de julio de 2014 un vendedor del barrio Meiggs, que en varias ocasiones le había convidado comida, sospechó que algo andaba mal y puso una denuncia en Carabineros. La investigación que entonces inició el fiscal Marcelo Carrasco culminó con una condena de cinco años de libertad vigilada para Maldonado y Córdova, como autores del delito de trata de personas. Después de semanas al cuidado del vendedor que hizo la denuncia, Luis Perugachy retornó a Ecuador con todos los gastos cubiertos y allá se le otorgó una beca de estudios.

Su caso no es aislado. Luis Perugachy fue el primero de una lista de diez niños, niñas y jóvenes ecuatorianos víctimas de trata de personas con fines de trabajos forzosos en Chile. Todos viajaron con permiso legal de sus padres bajo la promesa de aprender el oficio de comerciante y juntar dinero para su familia, pero una vez acá fueron sometidos a condiciones indignas.

Esclavitud moderna

El delito de trata de personas es lo que antiguamente se conocía como “trata de blancas”, aunque ese concepto hace referencia únicamente a los casos en que la finalidad es la prostitución. En Chile, este delito está tipificado recién desde 2011, en el artículo 411 quáter de la ley 20.507, promulgada ese mismo año. En palabras sencillas, la trata ocurre cuando, mediante estrategias como violencia o engaño, se capta, acoge o recibe a personas para su explotación sexual, trabajo forzoso o extracción de órganos. En el caso de que las víctimas sean menores de edad, no es necesario que exista violencia ni engaño para acreditar el delito.

En base al protocolo internacional de Palermo, en Chile todas las víctimas, independientemente de si se formaliza el caso y hay condena o no, reciben protección de parte de las Unidades Regionales de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) del Ministerio Público y tienen derecho a una visa humanitaria para vivir aquí. Ese fue el trato que recibieron los diez ecuatorianos que han sido víctimas de trata laboral en Chile. De ellos, nueve eran menores de edad: 7 mujeres y 2 hombres de entre 13 y 17 años. En conjunto equivalen al 56% de las víctimas de trata de menores de edad que se han detectado en Chile. Todos vienen del mismo sector de Ecuador: Otavalo.

Otavalo es un cantón, una división territorial similar a una comuna, en la que viven menos de 105.000 habitantes. Una gran parte de ellos son indígenas kichwas dedicados a las artesanías y el comercio, tradición que viene desde antes de la colonización con los “mindaláes”, encargados de confeccionar objetos artesanales y de su intercambio. “El hecho de viajar para un kichwa otavaleño es no sólo la posibilidad de mejorar sus condiciones económicas, sino también una marca de estatus”, explica el peritaje antropológico de Soledad Quintana, encargado en 2016 por la fiscal Leyla Chahín, quien lideró una de las cinco investigaciones de trata laboral en Chile con víctimas de ese sector. “No importan las circunstancias en las que se realizó ese viaje y el que muchos de ellos sean víctimas ideales de redes dedicadas a la trata de personas”, agrega la antropóloga.

En las fiestas tradicionales otavaleñas los migrantes hacen gala de su nuevo estilo de vida, gracias al éxito que han tenido en el extranjero. Ellos son considerados una elite. “Son vistos como un ejemplo a seguir para los jóvenes de la comunidad indígena que sueñan con salir de su pueblo a ganarse la vida en el mundo”, explica Quintana. Esas fiestas son una instancia perfecta para los tratantes para captar jóvenes.

En este contexto, nació la figura de los padrinos de viaje, quienes establecen confianza con la familia del joven y proponen llevarlo al exterior para que aprenda a trabajar en la venta ambulante a cambio de un salario convenido. “Como entre los otavaleños es tan valorado el aprendizaje laboral y la emigración, los padres y los menores aceptan estas condiciones”, dice Quintana. Las notarías de Otavalo reciben a diario solicitudes para legalizar permisos de salida del país a menores de edad. Como muchos padres y madres no saben leer ni escribir en castellano, firman con su huella digital.

En el caso de Ñusta Remache, de entonces 13 años, la autorización de su padre no fue necesaria. Él mismo la trajo a Chile en 2012 porque consiguió un trabajo con una pareja de otavaleños radicados en Chile. Lo que sería un paseo para Ñusta, terminó siendo una larga estadía con trabajo forzado a manos del matrimonio de Luis Tuquerres y María Lourdes Cabascango, quienes la trasladaron, sin su padre, a Punta Arenas. Según una de sus declaraciones en la investigación que se realizó, debía levantarse a las 5 de la mañana a hacer labores domésticas como cocinar, lavar y cuidar a la hija de sus captores, para luego tejer 25 gorros de lana al día. No podía irse a dormir hasta cumplir esa meta.

En agosto de 2012, la misma pareja trajo a las hermanas Nelly (14) y Jenny Anrango (17), con la promesa de pagarles 180 dólares mensuales como empleadas domésticas. Una vez acá, las obligaron a realizar venta ambulante y las mismas tareas que a Ñusta, sin pago alguno. A las tres niñas les retuvieron los documentos, se les prohibió la comunicación con terceros -con vigilancia constante y amenazas de golpes-, y no tuvieron acceso a educación ni a salud. Tampoco la posibilidad de aseo y cuidado personal.

Según la acusación del Ministerio Público y las querellas interpuestas por el INDH y el Ministerio del Interior, las niñas fueron víctimas de acoso sexual, violencia física y psícológica. Jenny declaró que un día su captor pilló a su hermana comiendo una empanada en la plaza, que no estaba contemplada dentro de las dos comidas que tenían permitidas al día: pan al desayuno y arroz en la cena. Recuerda que después de eso Tuquerres les dijo que eran perros, que parecían chanchos, que comían demasiado.

La situación se mantuvo así hasta que Jenny Anrango pidió ayuda a una mujer en la Zona Franca.

Las tres niñas fueron rescatadas por la PDI. El caso, a cargo de la fiscal de Punta Arenas, Wendoline Acuña, fue cerrado con un fallo que condenó a Tuquerres a una multa de 20 UTM y cinco años de libertad vigilada. “En tribunales los tratantes indican que esto es parte de su cultura. Pero lo que hay es una manipulación de esa situación cultural que usan a su beneficio, porque todas las ganancias de las ventas solo abultaban sus cuentas bancarias”, explica la fiscal.

Patricio Lema, trabajador social y presidente del pueblo kichwa otavaleño, coincide en que la trata no pude ser justificada por un factor cultural. “El pensamiento andino se basa en la biología del cuerpo humano, que a los 12 años ya se convierte en adulto. Puede haber posturas tradicionalistas que lo justifiquen, pero mi postura, y en los espacios en los que he trabajado, hay una defensa del derecho de los menores”, explica. A estas instancias de concientización comunitarias se suma el trabajo del Estado ecuatoriano, que firmó un acuerdo de cooperación con el Estado de Chile durante el último mandato de Michelle Bachelet. Con las firmas de Jorge Burgos, entonces Ministro del Interior, y su contraparte ecuatoriana, José Serrano Salgado, el documento establece un canal de intercambio de información constante, investigaciones y detenciones simultáneas para desbaratar redes de trata y mecanismos para facilitar el retorno de las víctimas. Este es el primer plan de trabajo contra la trata que Chile concreta con otro país.

Ambos ministerios del interior y policías sostienen frecuentemente videoconferencias para abordar el tema. La próxima es el próximo  lunes 3 de septiembre, y tiene como objetivo actualizar el plan de trabajo entre Chile y Ecuador. “Hemos tenido muchas víctimas de esta nacionalidad, por lo que hay una preocupación especial. No les quitan solamente la libertad de movimiento, sino su dignidad como seres humanos. Y en el caso de los niños, también el derecho a la educación, a la infancia libre y al juego, generándoles traumas de por vida. La trata es la esclavitud moderna”, dice Fabiola Cifuentes, presidenta ejecutiva de la Mesa Intersectorial de Trata de Personas del Ministerio del Interior.

La primera condena de cárcel

El chico no tenía más de 20 años. Rasgos indígenas, piel morena, pelo negro azabache largo casi hasta el ombligo. No se parecía en lo más mínimo a la fotografía del carné que él mismo le acercó a la detective de la Policía de Investigaciones (PDI) Stefanía López cuando esta realizaba una fiscalización de identidad en la feria Purranque, la noche del 6 de abril de 2016. Después de mirar alternadamente el rostro de la foto y el de carne y hueso que tenía frente a ella, lo tomó detenido por suplantación de identidad.

El nombre real del muchacho era John Antama. Tenía 18 años, era oriundo de Otavalo y había sido traído a Chile con la promesa de aprender el oficio de comerciante y ganar el doble de lo que ganaba allá. A ocho meses de haber llegado, no le habían pagado ni un solo peso, trabajaba 16 horas diarias todos los días de la semana, dormía en el piso del puesto de feriante que atendía en una plaza y se alimentaba de sopa, tallarines o arroz. No tenía baño ni dónde ducharse. Había conversado con su mamá una sola vez, para el Año Nuevo y “bien corto porque es caro”, le dijeron. Todo esto se supo gracias a la investigación que empezó ese día en la comisaría, después de que la PDI lo interrogara y sospechara que John Antamba, más que un suplantador de identidad, podía ser víctima de trata de personas.

Todo había comenzado en julio de 2015, cuando John fue a recibir a una amiga al terminal de buses de Otavalo, donde se le acercó Laura Morales. La conocía, igual que todos, porque era la señora que atendía el kiosco de comida del lugar. Laura le contó que su hija, que trabajaba en Chile, viajaría luego a Ecuador a buscar jóvenes que quisieran ayudarla en su negocio, por uno o dos años. El pago: 150 dólares mensuales, comida y alojamiento.

John vivía con su madre y sus cuatro hermanos en una choza en una comunidad kichwa en el área rural. La familia se alimentaba a costa de lo que ganaba la mamá lavando ropa y los 80 dólares mensuales que él ganaba en un taller de costura. Convencido de que podría mejorar las condiciones de vida de su familia, John conversó con su mamá para venirse a Chile. Su madre, antes de tomar la decisión, recibió dos visitas de Rosa Tambaco, la hija de Laura, y de su pareja, César Cabascango. Querían conocerla y darle detalles del futuro de su hijo. En uno de esos encuentros, le preguntaron a John si conocía a otros jóvenes que quisieran viajar con él. John pensó en Bladimir, un amigo del barrio, e hizo el contacto.

A mediados de agosto, Rosa Tambaco invitó a John Antamba, a Javier Bladimir Cando (16) y a un tercer joven, Jonathan Carrión (18), junto a sus familias a una gran cena en su casa para celebrar el acuerdo antes de partir el viaje. “Nosotros los vamos a cuidar como se cuida a un hijo. No se preocupen”, repitió una y otra vez, según las declaraciones que dieron más adelante John y su mamá, Luz Santillan. Madre e hijo coinciden en que la sonrisa de Rosa, quizás grande, blanca y generosa, les inspiró tanta confianza que terminó por convencerlos

El 23 de agosto de 2015, Tambaco y Cabascango pasaron a recoger en su camioneta a los tres jóvenes y los llevaron al terminal de buses de Otavalo, donde emprendieron una travesía por tierra de casi una semana. Atravesaron la frontera con Perú, Bolivia y Chile, hasta su destino final: San Pedro de la Paz, en la región del Bío Bío. Cada uno no llevaba más que una mochila de colegio con un par de poleras y sus pasaportes, costeados por el matrimonio. No tenían dinero; ni una sola moneda.

Cuando llegaron al paso fronterizo de Colchane, el 28 de agosto de 2015, antes de pasar la aduana, el matrimonio les dio a los tres jóvenes la instrucción de declarar que venían de vacaciones y le pasaron a cada uno un fajo de dólares. Eran para acreditar la llamada “bolsa de viaje”, que pretende demostrar al funcionario aduanero que una persona viene a Chile con fines turísticos y no laborales. Una vez que cruzaron la frontera, cada uno de ellos devolvió los billetes. Esa fue la última vez que John vio su pasaporte, que luego sería encontrado escondido entre la ropa del matrimonio.

La casa de la pareja era una vivienda social ubicada en la Población Evangelista, en San Pedro de la Paz. El primer piso tenía un baño diminuto, un refrigerador, un horno y un lavaplatos. El resto del espacio se usaba para almacenar la ropa que vendían. El segundo piso era un solo espacio, en donde cabía una cama matrimonial, en la que dormía el matrimonio, y un camarote. En el segundo, durante algunas noches, se acomodaban en una cama la hija del matrimonio y la hermana de Rosa Tambaco, y en la otra los tres jóvenes otavaleños.

No alcanzaron a pasar demasiados días cuando los tres quisieron volver a Ecuador, pero para permitir que se fueran, Tambaco y Cabascango exigían a las familias que pagaran 400 dólares, que, según decían, era lo que habían gastado en traerlos. Jonathan logró conseguir ese monto y se fue al cabo de una semana. Para John y Bladimir fue imposible costearlos. Así que se quedaron en Chile trabajando para el matrimonio, que los iban a dejar a plazas de distintas localidades. Allí atendían puestos de artesanías de 9 de la mañana a 12 de la noche, hora en la que desplegaban una colchoneta bajo el mesón y se tapaban con una frazada, en un lugar en donde llueve a cántaros y las temperaturas alcanzan los grados bajo cero.

Del dinero que recaudaban diariamente, podían sacar solo 3 mil pesos para comprarse comida, que preparaban en una pequeña cocinilla a gas. Para saciar la sed, tenían un bidón que llenaban de agua en llaves públicas o en restoranes donde pedían permiso para pasar al baño y aprovechar de asearse un poco. No tenían permitido conversar con nadie. Para que cumplieran al pie de la letra las instrucciones, el matrimonio viajaba cada ciertos días a vigilarlos o enviaba personas de confianza. “Siempre había alguien y el control era súper severo. Esto se parece mucho a la esclavitud, porque hay restricción de libertades, de movimiento, hay abuso, hay cosificación de un ser humano y utilización para el provecho económico de otro”, dice Leyla Chahín, fiscal de Río Negro que investigó el caso desde el día en que John fue detenido en la feria de Purranque.

Luego de la noche en que John fue interrogado, fue protegido por la URAVIT, que quedó a cargo de su alojamiento y alimentación, y obtuvo la visa humanitaria para vivir en Chile. Por su parte, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, creada en 2012 tras la promulgación de la ley de trata, y la Fiscalía de Río Negro, continuaron con la investigación hasta dar con el paradero de Bladimir, quien fue rescatado de sus captores y también obtuvo la visa.

A pesar de las condiciones en las que se encontraban, desde la Britrap aseguran que ambos jóvenes lo internalizaron como algo normal. “Es un elemento recurrente que las víctimas de trata no se consideren víctimas, por lo que no es un delito fácil de acreditar. Por eso este caso es tan importante, ya que sienta un precedente”, explica Álex Silva, detective de la Britrap a cargo de la investigación.

Después de un año de investigación, el 14 de junio el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno dictó la que sería la primera condena de cárcel para un delito de trata de personas en Chile. Rosa Tambaco y César Cabascango deberán cumplir 15 años de presidio.

No hay certeza del paradero de John y Bladimir. Pero sí se sabe que poco tiempo después de ser rescatados, y poco tiempo antes de que el matrimonio fuera preso, los dos chicos volvieron a trabajar para sus captores.

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