Isabel Santagostino, experta del Banco Mundial: “A nivel global, las mujeres tienen en promedio el 64% de los derechos legales de los hombres”

Ningún país del mundo ofrece a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres en el mundo laboral, ni siquiera las economías más ricas. Esta fue una de las revelaciones de la última edición del informe La mujer, la empresa y el derecho del Banco Mundial publicado a inicios de marzo, que encontró que la brecha global es mucho mayor de lo que se pensaba.

Este estudio anual ofrece un panorama de los obstáculos que enfrentan las mujeres en la fuerza laboral y mide los entornos favorables para las oportunidades económicas en 190 países. Pero la última edición guarda una novedad: por primera vez se investigó el impacto de las políticas de cuidado infantil y seguridad en la participación laboral de las mujeres, dos aspectos que pueden ser cruciales a la hora de expandir o restringir sus opciones.

El organismo advierte que cerrar estas brechas de género no solo tiene un impacto positivo para las mujeres, sino que podría aumentar más de un 20% el Producto Interno Bruto mundial. Sin embargo, las reformas en esta área se han desacelerado de manera notoria.

En esta entrevista, Isabel Santagostino, especialista en Desarrollo del Sector Privado del Banco Mundial y coautora del informe, analiza los resultados del informe y entrega recomendaciones para Chile.

¿Cómo cambiaron los resultados tras incorporar estos dos nuevos factores: cuidado infantil y seguridad?

“Habíamos visto en el informe anterior que las mujeres tenían el 77% de los derechos de los hombres y que 14 países de 190 tenían una puntuación de 100. Pero las áreas de violencia contra la mujer y cuidado infantil son las que tienen puntuaciones más bajas a nivel mundial en todo el índice. Entonces, ningún país ahora tiene una puntuación de 100 y hemos visto que las mujeres tienen dos tercios de los derechos de los hombres: un 64%, solo agregando estas nuevas áreas y haciendo cambios en algunas preguntas”.

¿Qué importancia tienen las políticas de seguridad para el desarrollo laboral de las mujeres?

“Además de ser un tema de derechos humanos, hay muchísimos estudios que demuestran que la violencia contra la mujer tiene un impacto económico negativo para las empresas. Lleva a un mayor absentismo ya que muchas mujeres simplemente deciden no trabajar para no exponerse a situaciones de acoso sexual en el trabajo. No solo afecta la productividad, porque las empleadas no están enfocadas, sino también porque las quejas representan un daño económico para la empresa y un daño en su imagen. En general, la violencia contra la mujer tiene un costo económico para los países porque hay una serie de gastos que el país tiene que enfrentar –policiales, judiciales, médicos– y también hay una pérdida de capital humano. Alguien que está constantemente sujeto a violencia, aunque no sea física, porque también hay un impacto psicológico, no puede estar completamente presente y activo en el mercado”.

En el informe, la puntuación promedio mundial en este ítem fue de 36, lo que significa que las mujeres están amparadas por apenas un tercio de las protecciones legales que necesitan frente a la violencia doméstica, el acoso sexual, el matrimonio infantil y los femicidios. Y si bien 151 economías cuentan con leyes que prohíben el acoso sexual en el lugar de trabajo, solo 39 lo prohíben en los espacios públicos, lo que impide a las mujeres que usen el transporte público para ir a trabajar.

¿Y qué cambió el tema de los cuidados infantiles en esta medición?

“Esa también es un área muy importante. Nosotros antes analizábamos solamente las licencias de maternidad y las protecciones para que las mujeres sigan teniendo ese puesto de trabajo al regresar. Pero, ¿qué pasa después? Si no tienes a nadie que cuide de tu hijo o hija no puedes encontrar un balance”.

La pandemia evidenció una crisis de cuidados en todo el mundo, ¿dónde hay que poner más foco?

“Un tema que hemos agregado en el índice es si las personas tienen acceso al trabajo flexible porque también es un asunto muy importante y lo que hemos visto es que no hay muchos países que tienen este tipo de leyes. En América Latina y el Caribe, las tres áreas que tienen las puntuaciones más bajas son empresariado, cuidado infantil y seguridad. Las opiniones de los expertos también coinciden: seguridad y cuidado infantil efectivamente necesitan mucha mejora”.

La mayoría de los países tuvo un puntaje bajo en las normas sobre cuidado infantil, revelando una brecha difícil de cerrar: las mujeres dedican, en promedio, 2,4 horas al día más que los hombres a tareas de cuidado no remuneradas, la mayor parte, dedicadas a los niños. Solo 78 países proporcionan algún tipo de apoyo financiero o tributario a los padres y madres con hijos pequeños y solo 62 han establecido normas de calidad para los servicios de cuidado infantil.

En el informe se asegura que si se cerraran estas brechas, el PIB mundial podría crecer en más del 20%. A la hora de afrontar estas problemáticas, ¿cree que si se abordara de forma global, como un posible motor para la economía, se lograría generar más conciencia para impulsar estas iniciativas?

“Seguramente. Como mencioné antes, es un tema de derechos humanos, algo básico, pero cuando uno le pone un número, llama un poco más la atención. Tu empresa pierde un montón de plata cuando hay casos de acoso sexual y los países pierden un montón de dinero también. Donde hay discriminación básicamente se limita la participación y potencial del más del 50% de la población. También a nivel intelectual, creativo y otros tipos de talentos no están siendo utilizados. Entonces al cerrar estas brechas de género obviamente aumentaría muchísimo el PIB de los países”.

El informe evidenció que la brecha de género es aún mayor en la práctica. Por primera vez, el organismo evaluó la diferencia entre las reformas legales y los resultados reales para las mujeres: existe una brecha alarmante en la implementación.

¿Qué hallazgos encontraron sobre esta brecha?

“Hay 98 países en el mundo que tienen leyes que establecen un principio de la Organización Internacional del Trabajo de igual remuneración en el trabajo, pero solo 35 tienen políticas públicas para implementar esto. Es algo que vemos básicamente en todas las áreas. Hay muchos países que en los últimos años han adoptado leyes que van por el buen camino, por ejemplo Togo, que en el último informe es un ‘top performer’. Aumentó muchísimo su puntuación, pero hay una brecha enorme entre el marco legal y luego, su implementación. Uno lo entiende como un proceso que es secuencial, pero sí, hay países que hace tiempo que adoptaron ciertas leyes, pero a nivel de políticas públicas aún tienen mucho que mejorar.

Cuando analizamos los marcos de apoyo vemos que los países han establecido menos del 40% de las políticas públicas que son necesarias para la implementación de las leyes”.

Al ser preguntada por los países que podrían servir de ejemplo, Santagostino explica que ningún país cuenta con una puntuación máxima, pero hay países que se acercan tanto en marcos legales, como en marcos de apoyo, es decir las políticas públicas y el acceso a la justicia que faciliten la implementación de esas leyes. Nombra a Canadá, Reino Unido y Francia.

¿Cómo ve la situación en Chile?

“En los marcos legales, Chile tiene las puntuaciones más bajas en las áreas de seguridad, violencia contra la mujer y empresariado. En seguridad, tiene una puntuación de 50 porque lo que hemos visto es que no hay sanciones penales para casos de acoso sexual en el trabajo. Hay una prohibición de acoso sexual, pero luego no hay medidas. Tampoco existen este tipo de medidas en temas de acoso sexual en la educación y de acoso cibernético. Por otra parte, en lo que tiene que ver con la violencia doméstica, la legislación no incluye la violencia sexual y económica en su definición. En general, es una buena práctica que cuando se defina la violencia doméstica se cubran cuatro tipos: física, psicológica, sexual y económica”.

Hablas de la violencia económica: un tema que se está debatiendo en Chile es la modificación al régimen de sociedad conyugal.

“Esa es otra área que también hemos señalado que habría que reformar porque básicamente en la ley chilena todavía existen diferencias entre los cónyuges en la administración de los bienes matrimoniales. Bajo el régimen de la sociedad conyugal, el marido tiene la autoridad de administrar la propiedad de ambos a menos que hayan optado por la separación de bienes. Hemos visto que 18 países en el mundo establecen esta desigualdad en la administración de los bienes en el matrimonio y Chile es el único en América Latina y el Caribe que tiene este tipo de leyes”.

¿Cómo es la evaluación en el ítem de empresariado?

“Hemos visto que la ley no prohíbe la discriminación en el acceso al crédito por motivos de género y tampoco se establece una cuota de género para las juntas directivas de las empresas o hay disposiciones que tengan perspectiva de género para los procesos de adquisiciones públicas. Por esto, en el área de empresariado la puntuación es de 25.

Luego, con lo que tiene ver con los marcos de apoyo, las puntuaciones más bajas están en trabajo y remuneración. No existe un organismo especializado que reciba denuncias de discriminación por motivos de género en el empleo; el gobierno no ha publicado directrices sobre la no discriminación por motivos de género en la contratación; tampoco hay directrices en relación con las modalidades de trabajo flexible. Con relación a la remuneración, no existen medidas de transparencia salarial o mecanismos de cumplimiento para abordar la brecha salarial y tampoco se han publicado datos desglosados por sexo sobre el empleo en diferentes industrias o sectores. Esa es la mejor manera de poder diseñar una política pública más sensible al género. Por último, con relación a las opiniones de los expertos, ellos creen que en temas de trabajo y pensión las mujeres también viven más desigualdad”.

¿A qué conclusiones generales se pueden llegar con estos datos?

“Algo que hemos observado cuando hemos analizado nuestros datos con otros tipos de variables es que donde hay más igualdad de género, más mujeres participan de la fuerza laboral, más mujeres son propietarias de empresas, tienen salarios más altos y las economías son más fuertes y resilientes. Creo que estos son datos importantes que resaltan la importancia de seguir trabajando en estos temas y seguir haciendo reformas”.