Violencia policial contra niños
Reportajes
Etiquetas: , ,

7 Enero, 2012

Chile

Violencia policial contra niños

Niños y adolescentes obligados a permanecer amarrados durante horas, a los que se les pegan patadas o se les hunde la cabeza en la taza del baño. Ha ocurrido en cuarteles policiales de Chile y, de acuerdo al defensor público, se trata de prácticas habituales, aunque la ley y la Convención de los Derechos del Niño las prohíben. Las víctimas son chicos que han delinquido o son sospechosos de haberlo hecho, y los agresores, miembros de instituciones a las que paradójicamente, el Estado les ha encomendado establecer el orden. Esta es una mirada al espiral menos divulgado del círculo de la violencia en Chile.

Por Alejandra Matus / Fotografías: Sebastián Utreras y Jonathan Jacobsen.

En Chile hay un detenido desaparecido en democracia. Es un nño. José Huenante, de 16 años, bebía en la calle con unos amigos. Celebraba el pago por un trabajo por un pago de limpieza de erizos que había hecho. Una patrulla de carabineros pasó por el lugar. A él no le gustaban los carabineros. Unos años antes había sido detenido por un control de identidad y lo habían golpeado. Esa noche, el 3 de septiembre de 2005, al ver la patrilla, josé y sus amigos la apedrearon. Según numerosos testigos, policías de la quinta comisaría de Puerto Montt, en la patrulla 1375, lo subieron al vehículo. Hasta el día de hoy Huenante está desaparecido. Los carabineros imputados por su secuestro fueron inicialmente dados de baja or la institución, pero luego reincorporados cuando el caso pasó a la justicia militar.

La Defensoría Penal Pública (organismo del Estado, que proporciona defensa a toda persona imputada por un delito), el Informe Anual de Derechos Humanos sobre Chile de la Universidad Diego Portales (2009), y organizaciones no gubernamentales han descrito este y otros casos de abusos y tortura en contra de niños, niñas y adolescentes en Chile. Les ha sucedido a estudiantes que participan en manifestaciones, a niños mapuches y, también, probablemente en forma crónica, a los niños que viven en sectores sociales estigmatizados como canteras de actividad delictual. Jaime Couso, abogado y académico, redactor del capítulo “Violencia Institucional contra el Niño en Chile” del Informe Anual de Derechos Humanos, sostiene que “es sabido que la policía ha recurrido a la práctica de retenciones informales de menores, haciéndoles dar vueltas por un tiempo dentro del carro policial, darles un ‘coscorrón’ o ‘una patada’, por faltas que la policía prefiere –incluso ‘en el interés del niño’– no judicializar, prácticas que gozan de cierta tolerancia y son culturalmente aceptadas en ciertos segmentos de la policía uniformada”.

Georgy Louis Schubert, el defensor penal público chileno, confirma que los abogados a su cargo han detectado casos de torturas contra adolescentes infractores de ley, a pesar de que en 2007 se dictó la ley 20.084 que, junto con rebajar a 14 años la edad en que un joven puede ser condenado por un delito, intentó ajustar la legislación chilena a la Convención de los Derechos del Niño, estableciendo un sistema punitivo especial para los menores de 18 años.

Sin embargo, dice Schubert, no solo existen problemas culturales en algunos miembros de la policía que legitiman el uso de la violencia como correctivo en contra de los niños y adolescentes que detienen. También existe una tolerancia social a estas prácticas, como existió antiguamente frente a los padres que golpeaban a sus hijos o a los maridos que golpeaban a las mujeres. No son pocos los casos en que la Defensoría ha detectado que particulares golpean a los adolescentes que sorprenden en alguna infracción antes de entregárselos a la policía. “Esos particulares cometen un delito y raramente son formalizados por él”, dice. Aunque la palabra suene fuerte, estas prácticas están claramente definidas como tortura. “Es castigo físico intolerable unido a trato degradante, que niega la más elemental dignidad humana de estos niños. Es tortura”.

Así lo aclara María Antonieta Huerta, sicóloga, directora de Libertad Asistida y Libertad Asistida Especial de la Corporación Opción, una entidad que actúa como auxiliar de la justicia en el cumplimiento de las medidas alternativas al encierro para los adolescentes. “La tortura no solo es ilegal y compromete al Estado chileno en sus obligaciones internacionales, y es particularmente grave si se aplica a niños y adolescentes”, agrega el Defensor, “sino que está demostrado que, como correctivo, no produce el bien que sus autores pretenden generar. La tortura no es un disuasivo de los actos delictuales. Por el contrario, inocula más violencia en la sociedad, y debilita el Estado de Derecho y la democracia. Ninguna de las sociedades que admiramos y que queremos emular ha llegado al desarrollo gracias a prácticas barbáricas contra su población penal”, afirma. Schubert agrega que está demostrado que la violencia policial causa efectos sicológicos más severos en los niños que en los adultos y que daña sus posibilidades de desarrollo en una etapa en que la personalidad aún está en formación. Y, por tanto, también sus posibilidades de rehabilitación y reinserción social que debieran ser el principal interés frente a menores que cometen delitos. La ley establece los mecanismos apropiados para sancionar a quienes la infringen y, claramente, la tortura está excluida de ellos.

Samuel

En una fuente de soda en Santiago, Samuel ofrece esta entrevista acompañado del delegado que se encarga de que cumpla con lo que ha prometido a la justicia: estudiar, aprender algún tipo de oficio, no meterse en más problemas. Su nombre real es otro. En resguardo de su verdadera identidad le hemos escogido un nombre, lo mismo que a los demás adolescentes entrevistados. El relato, sin embargo, corresponde fidedignamente a su testimonio. Samuel tiene 15 años. Es menudo y moreno. Usa el pelo corto, moderno. Viste limpio y ordenado. Sentado bebiendo su coca-cola no intimida. Más bien, transmite una timidez dulce. Tiene un hermano y, hasta hace dos años, estudiaba normalmente. Sin embargo, Samuel cambió cuando sus padres se separaron. Se puso desafiante con los profesores, abandonó los estudios y comenzó a quedarse hasta más tarde en la calle. Pensando que su mamá lo controlaba demasiado, se fue a vivir con el padre, a quien prácticamente no veía en todo el día porque él trabaja de sol a sol.

Un día, los amigos lo invitaron a robar. Había cumplido recién los 14. Con los amigos, Samuel se metió a robar a una casa en Paine y luego los ayudó a trasladar las especies a una casa en Santiago, donde iban a esconderlas. En eso estaban cuando llegó una patrulla de Investigaciones. Intentó escapar pero lo atraparon junto a un joven de 17 años y a otro de 19. “Me pegaron con la cacha de la pistola en la oreja”, relata. “Me agarraron a patás y combos. En el suelo me abrían los brazos, hasta que parecía que me los iban a sacar y me pegaban patás en la guata. Me amarraron de pie y manos. Se turnaban para pegarme”. “Primero eran cinco tiras y a los minutos llegaron más. Me preguntaban quién más andaba, de quién es la casa, cuántos son ustedes. Como no decíamos nada, más nos pegaban. Después reventaron la casa (revolvieron y rompieron todo en su interior) donde un amigo mío se había escondido. En un momento me toqué la ropa yme di cuenta que estaba empapado en sangre”. Según su relato, los policías lo metieron junto a sus dos cómplices en el maletero de un vehículo, maniatados, adoloridos y apretados. Los apresaron al mediodía y, aunque era invierno, a Samuel le parecía que el calor dentro de la cajuela era infernal. Después de un rato, los cambiaron a un furgón policial y los trasladaron hasta un cuartel en Pudahuel.

“Allá nos metieron a un calabozo. Nos pegaron toda la noche. No nos dejaron dormir. A veces nos preguntaban cosas. Otras veces nos pegaban nomás. No nos dieron comida ni agua. No nos dejaron ir al baño. Pero si venían y sentían olor a orina, nos pegaban de nuevo. El más grande de mis amigos tenía unas cicatrices en la guata por una operación que le habían hecho, y ahí le pusieron corriente, también en los testículos. Amí no, pero nosotros lo escuchamos. Lloró toda la noche. Yo tenía miedo porque pensaba que amí también me lo iban a hacer”. Samuel dice que el calabozo en que se encontraba en realidad era una especie de container. Había una cama, pero sin sábanas, ni frazadas. Esa noche llovió y el agua se filtraba al interior. Estaba desnudo. No podía parar de temblar de frío y de miedo. “Es lo peor que me ha pasado en la vida. Yo trataba de no pensar. Cada vez que venían me daba miedo porque sabía que me iban a pegar. Yo lloraba. Quería que pararan”.

A la mañana siguiente los policías los autorizaron a ir al baño, siempre y cuando hicieran flexiones y, estando en esa posición, relata, les pegaban patadas en la espalda. “Cuando pude ir al baño, me vi la cara. Era como si no fuera yo de tan hinchado que estaba. La oreja la tenía negra”. Antes de llevarlos al tribunal los policías obligaron a los tres detenidos a limpiar y ordenar una sala derruida y llena de escombros. Luego, cumplieron con el trámite de llevarlos a un consultorio a “constatar lesiones”. El doctor que los atendió escribió en su informe que los tres estaban bien y en perfecto estado de salud. Sin embargo, ante la jueza que vio el caso, los detenidos acusaron a los policías. La magistrada, aparentemente conmovida por su estado, les dio una pena baja por su delito. “Nuestra conclusión es que fue su forma de compensarlos”, expresa el asistente social que supervisa la condena de Samuel. “Sin embargo, no ofició a fiscalía para iniciar una investigación por los apremios, que es lo que hubiera correspondido”. Samuel relata que los moretones en el cuerpo le duraron tres semanas y que en la cara le salió una mancha oscura, “como esas de las mujeres que están embarazadas”, que le duró largo tiempo. También las pesadillas. “Sentía que estaba en el calabozo. Veía sus caras, pegándome. Me despertaba ahogado”. Sus padres no quisieron hacer una denuncia.

Pensaron que la experiencia ayudaría a Samuel a escarmentar. El defensor Schubert relata que la obligación de constatar lesiones se ha convertido en un trámite “inútil” como preventivo de apremios físicos, pues muchas veces es una observación visual, a distancia, que no siempre realiza un médico. “Hemos visto situaciones en que el informe está redactado antes de que el detenido sea llevado al consultorio y otros en que los policías los golpean después de la constatación”, cuenta.

Enrique

Para entrevistar a Enrique (16), llegamos al Centro de Internación Provisoria (CIP) del Sename, en Santiago. Es un edificio azul con pequeñas ventanas con barrotes. Aquí hay jóvenes que están privados de libertad mientras esperan que se les dicte condena. Es un período en que, según la información oficial, los jóvenes son tratados en sus adicciones, se educan, aprenden habilidades sociales y se preparan para el mundo laboral. Al traspasar la guardia de gendarmería y numerosos portones y cerrojos, se cruza por una especie de galpón, donde hay un enorme TV plasma. Repartidos en los sillones frente al aparato, una decena de adolescentes mira una película en que abundan explosiones y disparos. La Defensoría, en un informe sobre la aplicación de la ley 20.084, expresó su preocupación por la generalizada práctica de decretar la internación preventiva de adolescentes imputados, lo que se agrava por el hecho de que 20 por ciento de ellos, aunque pasan en promedio más de cien días encerrados, son finalmente absueltos de todo cargo.

Esto contraviene la Convención de los Derechos del Niño, que establece que la internación debe ser un último recurso en la sanción penal a un niño, por el período más breve posible, y que se deben privilegiar medidas alternativas que favorezcan su adaptación a las normas sociales y el respeto por los demás. Esto porque está demostrado que “el encarcelamiento tiene en los menores una repercusión de especial calado. Su percepción del tiempo es diferente a la de las personas de más edad. Por lo general sufren más con la separación de su entorno social familiar y al verse obligados a estar solos. Sus personalidades están menos formadas que las de los adultos y por ello están más abiertos al desarrollo”, según se cita en el documento “La ley de responsabilidad penal del adolescente como sistema de justicia: análisis y propuestas”, de Gonzalo Berríos Díaz.

Enrique saluda amable en la salita en que se reúne habitualmente con la sicóloga responsable por su cumplimiento de medida cautelar. Es delgado y pecoso. Tiene la cabellera semirrapada. La entrevista a revista Paula ha sido autorizada por el joven y por su familia. No obstante, la sicóloga le recuerda que no está obligado a responder preguntas que le incomoden. Enrique es hijo de una trabajadora de casa particular, que sale muy temprano y llega muy tarde a su casa. En la práctica ha sido criado por una abuela a la que le cuesta imponerle límites. De pequeño se fue quedando en la calle, con amigos que ya habían comenzado una trayectoria delictual.

La primera vez que la policía lo detuvo y le pegó, él tenía 12 años. “Me pegaron combos, patás. Me masacraron”, dice. En esa ocasión, cuenta, portaba un arma imitación de una verdadera. El policía que lo atrapó extrajo su propia arma de servicio, se la puso en la cabeza, se la apretó con fuerza entre ceja y ceja y le dijo: “¿Y qué pasa si tu me sacái esa y yo te saco esta?” A los 14 años, policías del mismo cuartel de Investigaciones, en el sector Oriente de la capital, lo atraparon, ahora portando una pistola de verdad. “Me la quitaron yme quitaron 80 lucas que yo tenía. Me llevaron al cuartel porque querían que yo sapeara (delatara) a un amigo. Me metieron la cabeza al wáter y me pegaron con un látigo que tienen”.

La última vez que lo detuvieron fue en Maipú. En el trayecto al recinto policial lo golpearon con pies y manos y lo escupieron. Lo sentaron en una silla y, por detrás, le amarraron un pie con la mano opuesta con los cordones de sus propios zapatos, y así lo dejaron siete horas, hasta que llegó el peritaje de huellas que reveló su nombre y su historial judicial. Solo entonces lo liberaron, sin cargos, “todo moreteado y cojeando”. “Son brígidos los tiras. Te pescan de aquí”, dice mostrando el torso e imitando la forma en que le introducen las manos por debajo de las costillas “y te tiran así pa’rriba. Te dicen: ‘¿Vai a sapear? ¿Vai a sapear?’ Te meten la cabeza al wáter. Nunca te machucan la cara, el puro cuerpo. Gritan: ‘Te voy a matar conchetumadre’. Si no sapeái, te llevan pa’l palo. Son entero bélicos”. El palo, es un poste metálico al que Enrique dice haber sido esposado durante horas, con prohibición de agacharse o sentarse. “Tení que estar duro y malo nomás. Si te sentái, cobrái pesado. Ahí sí que te pegan. Dicen: ‘¿Me estái faltando el respeto?’” “Yo nunca sapié”, dice con orgullo. “Yo siempre ahí. Duro y malo nomás. Total uno sabe que no lo van a matar. Te sacan sangre, pero nada más. Los pacos no son tan perros. Te pegan charchazos, pero no son tan malos”. Enrique está ansioso por recuperar la libertad. “Quiero puro ver la calle”, dice.

En sus antecedentes hay porte ilegal de arma blanca y arma de fuego, robo con intimidación, robo en lugar habitado y robo de un vehículo. Ha estado detenido más de diez veces. En las entrevistas sicosociales, Enrique ha dicho que quiere estudiar, aprender un oficio para ayudar a su abuela. Sin embargo, cuando le preguntamos, censura sus aspiraciones antes de pronunciarlas. “Puedo decir algo y después hacer otra cosa”, explica. Schubert declara que, aunque no siempre los jóvenes imputados se atreven a denunciar lo que les ha pasado frente a un defensor que ven por primera vez, muchas veces los detenidos muestran lesiones evidentes y visibles que no son explicables por otras causas más que por la acción policial. “En esos casos, el defensor hace la denuncia ante los jueces en el control de detención. Se pide que se investigue, pero es el juez quien tiene la facultad de enviar un oficio para solicitar que se investigue. En el caso de Investigaciones, ante el Ministerio Público y en el caso de Carabineros, ante Fiscalía Militar. Sin embargo, yo no conozco de ningún caso que haya terminado con una sanción a los agentes”.

Cristián

El taxista que nos lleva al sector donde vive Cristián está nervioso. “¿Usted conoce este lugar? Es el sector más peligroso de Santiago. Yo no trabajo para acá”, nos advierte mientras cruzamos una avenida ancha y desértica. El potrero polvoriento a un costado del vehículo refuerza su augurio. Dan ganas de apretar la cartera. Cristián nos espera en el centro que supervisa que cumpla con su programa de libertad asistida. Luce zapatillas nuevas, pantalones de marca, una chaqueta estilo rapero. No quiere sacársela, a pesar del calor, porque le da vergüenza mostrar los brazos cubiertos de tatuajes. Tiene 17 años y la última vez que lo detuvieron fue hace 3 meses junto a un muchacho de 14.

Los acusaron de robo en un supermercado Ekono y los propios guardias del recinto, cuenta, los llevaron a una especie de calabozo en el mismo centro comercial y les pegaron despiadadamente con pies, manos y palos. El joven que estaba con él estuvo dos semanas grave en la Unidad de Tratamientos Intensivos de un hospital. Anteriormente, dice, le han pegado los carabineros en una comisaría del sector sur de Santiago. “Primero te pegan y después te tiran agua para que no quedí morado. A veces con ropa, a veces sin ropa. La primera vez que me pegaron yo tenía 14 años. Me pegaron entre varios. Eso me ha pasado varias veces. Me han sacado sangre en la cabeza. ‘¿De qué comuna soy?’, te preguntan y cuando uno responde, dicen: ‘Ah, con razón te pego’. Es normal”. Daniela Ramírez, socióloga, delegada de Libertad Asistida Especial de Corporación Opción, relata que en 2010 le tocó recibir el testimonio de una madre que le contó que sus hijos tenían miedo de salir a la calle pues habían sido amenazados por policías civiles del sector oriente con que les iban “a reventar la casa” o a “cargarlos con droga”. “Me mostró la ropa de su hijo de 15 años que había sido detenido, toda rota y manchada con sangre. Entrevisté al joven y me contó que lo había atrapado en la calle un grupo de policías, entre los que había una mujer, y que a golpes se lo llevaron a la comisaría. Estuvieron 24 horas pegándole, le negaron el contacto con su mamá. Le pusieron una bolsa en la cabeza, se la metieron al wáter. Le dejaron los testículos negros.

Estuvo dos días sin poder caminar. Querían que delatara a otros niños y adolescentes que andaban robando”. Daniela, quien en aquel tiempo trabajaba en un PIE (Programa de Intervención Especializada) puso el caso en antecedentes de la dirección de su institución y, como resultado, se presentó una denuncia ante la Fiscalía Oriente-La Florida. El caso, recibió el número RUC 1001172220-8, y se impartió una orden al Departamento Quinto de Asuntos Internos de Investigaciones para que realizara una investigación. Esa unidad llegó a la conclusión de que no se habían cometido irregularidades y con esa información la fiscalía archivó el caso. María Antonieta Huerta, por entonces jefa de Daniela en aquel PIE, relata que a partir de este caso se programó una serie de entrevistas con los cerca de 50 niños que atendían allí y detectaron que unos 30 de ellos habían sido víctimas de alguna arbitrariedad, partiendo por casos de detenciones ilegales con la excusa del control de identidad, hasta la aplicación de tormentos severos. “Hicimos un plan de acción con el Instituto de Derechos Humanos, cuyos abogados se presentaban en Investigaciones cada vez que teníamos sospechas de que un niño o adolescente podría estar en riesgo y así bajó un poco la intensidad del maltrato, pero lo que vemos es que este es un problema generalizado. Ahora trabajo en la zona sur yme he encontrado con lo mismo”. Marcos Vásquez, asistente social, delegado de libertad asistida, explica que las víctimas, en estos casos, son las primeras en negar que han sufrido abuso, pues tienen “normalizada” la violencia. “Consideran que los maltratos son parte del castigo que merecen por cometer delitos.

Ello siempre dicen: ‘Si te gusta lo dulce, tení que saber probar lo amargo’. La violencia la viven desde chicos, en sus casas, en sus barrios. Les pega la policía y después los gendarmes y los otros presos. El paso por la comisaría es solo un eslabón en una larga cadena”. Schubert relata que en su cargo anterior, como defensor en la Región del Biobío, intentó sistematizar los casos más graves de brutalidad policial. Documentó veinte en total, de las cuales cinco correspondían a niños y a adolescentes. Hizo la denuncia ante la Fiscalía Militar de la región y constató que allí había más de 300 casos recibidos ese mismo año (2010 y parte del 2011). Ninguno terminó con sanciones a la policía.

“Hay varias razones que explican esto. Una de ellas, es que la justicia militar todavía usa la prueba legal tasada. Esto, significa que si al testimonio del denunciante se opone otro testimonio hábil, en este caso, el del propio denunciado, la prueba resulta insuficiente”, declara. El departamento comunicacional de Carabineros, consultado para este reportaje, se abstuvo de responder. En entrevista con revista Paula, una oficial de la policía uniformada, a condición de anonimato, revela que los abusos suceden. “En parte, porque hay desconocimiento del personal sobre la normativa que protege a los menores. Este trabajo es muy agotador, estresante y no hay tiempo ni mecanismos de retroalimentación”, dice. “También, porque estos niños a los 14 años son delincuentes profesionales, andan armados y son agresivos. No son como los niños de antes”.

En el caso de Investigaciones, la respuesta oficial fue: “Tal como lo indica nuestro Código de Ética, el personal de la Policía de Investigaciones de Chile respeta, promueve garantiza y protege la dignidad y derechos humanos, sin distinciones ni excepciones. En caso alguno permite o tolera o ampara algún tipo de apremio físico o sicológico y, por lo mismo, excluye prácticas, procedimientos y métodos inhumanos, crueles, degradantes y atentatorios contra la persona humana”. La nota invita a las personas afectadas por situaciones particulares a presentar sus denuncias para que sean investigadas.

De acuerdo con la ley 20.084, “siempre, y especialmente mientras esté privado de su libertad, el adolescente tiene derecho a ser tratado con dignidad. Bajo ninguna circunstancia puede ser torturado o tratado de manera cruel o humillante”. Sin embargo, dice Schubert, el Estado de Chile no cuenta con mecanismos de control para garantizar que ello ocurra. Y en el caso de las investigaciones de denuncias por torturas, no cumple las mínimas exigencias del derecho internacional que disponen, entre otras cosas, que, por un criterio de imparcialidad, los casos no pueden ser investigados por los mismos organismos acusados. “Estas no son cosas que ocurren con las señoras que están en sus casas, o con personas como yo, que si les pasara algo, tendrían acceso a los medios de comunicación. Ocurren precisamente con los más vulnerables, con aquellas personas que despiertan nuestros prejuicios y nuestro rechazo. Es en el trato a esas personas que en realidad se prueba la fortaleza del Estado de Derecho y la validez de los pactos que nos hemos comprometido a respetar”, reflexiona el defensor.

 
Pin It
ANUNCIOS

TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE